El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado Pardo, ha participado este viernes en Sevilla en la XV Reunión de la Comisión Luso-Española para la Cooperación Transfronteriza (CLECTF), el organismo que reúne a los responsables de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países y de la Acción Exterior de las comunidades autónomas y las regiones fronterizas.

El objetivo de esta reunión es preparar los asuntos que se abordarán en la próxima Cumbre Ibérica, que se celebrará en Faro (Portugal) el próximo 23 de octubre.

INFRAESTRUCTURAS

Pablo Hurtado ha destacado la terminación de la línea ferroviaria que una Lisboa y Sines con el centro de la península y con Valencia como una de las demandas compartidas con Alentejo para articular los territorios y asegurar el transporte de mercancías y viajeros entre España y Portugal.

La construcción de una estación internacional intermodal en Caya, sobre el trazado de la línea de Alta Velocidad, es otro de los proyectos claves para la región y que permitiría que los más de 180.000 habitantes de la eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior pudieran contar con unas comunicaciones homologables a las que ya tienen otros núcleos de población de la misma dimensión.

Por lo que respecta a las comunicaciones por carretera, Extremadura considera prioritario conectar la autovía EX-A1 desde Moraleja a la frontera portuguesa y enlazar con la A23, lo que facilitaría la comunicación del norte de la región con todo el país vecino, y que los convenios entre Portugal y el Ministerio de Transportes español sean firmados cuanto antes para que el puente sobre el río Sever entre Nisa y Cedillo se convierta en realidad.

INCENDIOS Y MEDIO AMBIENTE

La elaboración de un Protocolo de regulación de operaciones aéreas en los incendios forestales de las zonas fronterizas es otro de los asuntos que preocupan desde Extremadura, para que se resuelvan las dificultades a las que se enfrentan los medios aéreos que cruzan la frontera y que podrían resolverse con la incorporación al operativo contra incendios de la figura de un coordinador de medios aéreos que garantice las comunicaciones y la seguridad durante todas las intervenciones.

La revisión de los caudales ecológicos de los ríos que atraviesan la región hacia Portugal es otro de los asuntos medioambientales que preocupan a Extremadura. Estos caudales, regulados por el Convenio de Albufeira de 1998, deberían actualizarse y tener en cuenta la situación estructural de los embalses extremeños durante los ciclos de sequía.

MOVILIDAD LABORAL TRANSFRONTERIZA Y DIÁLOGOS DE FRONTERA

Extremadura ha planteado también la necesidad de una mayor coordinación de todas las autoridades competentes en materia de movilidad laboral transfronteriza con el fin de detectar los obstáculos existentes y poder abordar estrategias comunes para su resolución, garantizando el derecho a la libre circulación y a la igualdad de trato, e incorporando la perspectiva transfronteriza.

Pablo Hurtado ha propuesto la creación de un grupo de trabajo que involucre no sólo a las autoridades nacionales y regionales relacionadas directamente con el empleo, la seguridad social o la fiscalidad, sino también a las sanitarias, organismos relacionados con las cualificaciones profesionales, autoridades de interior o agentes sociales.

En este sentido el director general de Acción Exterior ha manifestado que Extremadura, Alentejo y Centro «están trabajando en el marco de un foro denominado ‘Diálogos de Frontera’ en el que puedan abordarse los problemas y cuestiones inherentes a la vida en la frontera entre España y Portugal, que pretende ser un espacio para el debate entre expertos y el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas entre actores de uno y otro lado de la Raya».

La próxima edición de estos ‘Diálogos de Frontera’ tendrá lugar el 26 de noviembre en Badajoz y será el primero de una serie de encuentros dedicados a abordar las dificultades y desafíos a los que se enfrentan los trabajadores transfronterizos, un tema muy amplio que, en este caso, se centrará en todo lo relacionado con la protección social de estos ciudadanos.