EP – La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha sido reprobada por la Asamblea tras salir adelante una iniciativa del Grupo Socialista que ha apoyado Unidas por Extremadura.

La propuesta de impulso ha sido aprobada gracias a la abstención del grupo parlamentario de Vox, de modo que los votos del PP han sido insuficientes para defender la gestión de su consejera.

La propuesta, debatida en la sesión plenaria de este jueves, 10 de octubre, insta a la Junta a impulsar de forma urgente la ejecución de todas las políticas atribuidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible tras la «parálisis constatada» en sus competencias y los «constantes conflictos de intereses» de su titular, circunstancia por la cual debe «asumir las correspondientes responsabilidades políticas» y merece la «reprobación» de la Cámara.

El sentido del voto de Vox, que ha marcado el resultado definitivo, se ha decidido tras escuchar las explicaciones del portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, sobre la gestión de la consejera, en particular sobre la polémica del pozo ilegal en una finca de secano de su propiedad en Almendralejo.

Así lo había advertido, en su breve intervención en el debate, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, quien se ha limitado a expresar el «mal rato» que está pasando la consejera y que no se lo desea «a nadie», antes de dejar la decisión sobre su voto a la espera de escuchar las explicaciones posteriores del Grupo Popular.

NUMEROSOS «FRENTES ABIERTOS»

En defensa de la iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, se ha referido a las numerosas competencias asumidas por la consejera, que además de la agricultura y la ganadería, es titular en materia de industria, energía y minas, así como los fondos europeos, los de la PAC y los del PDR, entre otras.

Según los socialistas, la consejera tiene varios «frentes abiertos», como la propagación de la ‘lengua azul’ en la cabaña ganadera, de la cual la responsabiliza «por acción y por omisión», y a cuya resolución «llega tarde y mal»; las «paralización» de las ayudas a la compra del coche eléctrico; o un «conflicto de intereses» con el regadío de Tierra de Barros.

Una cuestión en la que la consejera es «juez y parte» del proyecto, al tener una finca con un pozo ilegal con el que se están regando viñas de secano para hacer cava, ha dicho Álvarez, en lo que considera «una falta de decencia política absoluta» en tanto que la consejera «reparte» las subvenciones que está «cobrando indebidamente».

Asuntos por los cuales la consejera «no debería permanecer ni un segundo más en ese sillón», ha señalado al escaño de Mercedes Morán, para posteriormente interpelar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, si ha cambiado sus «criterios respecto a la ejemplaridad que tiene que tener alguien que se dedica a la política», en alusión a los argumentos que le llevó a sustituir a la candidata del PP a la alcaldía de Mérida.

En su segunda intervención, para cerrar el debate, ha remarcado su posición al escuchar que el portavoz del PP ha dedicado toda su intervención a «intentar echar mierda al contrario» y ni un solo segundo, ha dicho, en defender a su consejera.

 

UNA CORTINA DE HUMO

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado por su parte que la propuesta de reprobación de la consejera es una «cortina de humo» para «intentar tapar sus vergüenzas» para que no se hable del regadío de Tierra de Barros y la «tostada que dejaron ustedes a los regantes».

En este sentido, ha señalado que los socialistas tienen «más miedo que vergüenza» a la comisión de investigación sobre el proyecto de regadío, al tiempo que ha subrayado que la consejera ha «actuado», aplicando la normativa a «una explotación que ella no explota y que no es suya».

En este punto, ha interpelado a los socialistas si van a dar «lecciones» cuando «tienen a la UCO metida en la diputación de Badajoz» investigando el caso del hermano de Pedro Sánchez, o cuando tienen un diputado condenado por un delito electoral.

Incluso ha sugerido la existencia de diputados socialistas con un terreno familiar en la zona de Tierra de Barros que llenan su piscina con un pozo ilegal. «¿Se lo imagina?», ha preguntado a Álvarez, para añadir que los socialistas «no pasan la prueba del algodón», y posteriormente apuntar a las declaraciones de bienes de altos cargos socialistas que siendo «responsables del regadío de Tierra de Barros han comprado terrenos en la zona de regadío y habrá que ver si han cobrado ayudas de la PAC o no».

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que las explicaciones ofrecidas por la consejera a los medios de comunicación sobre el pozo ilegal en su finca no son suficientes, así como que todo cargo público «debe ser ejemplar» y «mirar a otro lado no le exime de responsabilidad».

«Me cuesta entender que no conozca su propiedad y no vea una viña de regadío en una finca de secano», ha planteado de Miguel a quien se jacta, ha dicho, de conocer el campo extremeño.

 Por ello, se ha mostrado convencida de que la consejera tiene un «conflicto de intereses evidente», no solo en cuanto a las ayudas de la PAC, sino también cuando acata «órdenes» de Asaja, organización agraria de la que procede y donde ha vaticinado que volverá cuando deje el cargo.