El sindicato advierte al nuevo gobierno de Extremadura que sería cómplice si no actúa

La Unión Sindical Obrera de Extremadura ha presentado denuncia ante un Juzgado relativa a la presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en torno a los últimos contratos del servicio de ambulancias de Extremadura adjudicados a la empresa Ambuvital Transporte Sanitario, SL.

Desde USO indican que se trata » de un asunto de largo recorrido, que ha pasado por la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Superior de Extremadura, el Defensor del Pueblo y la propia Junta de Extremadura. Tras todo este periplo, la Unión Sindical Obrera, en defensa de los intereses de los trabajadores y los usuarios del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre de la región ha decidido poner todos los hechos en conocimiento del Juzgado que hemos estimado como competente con objeto de que investigue los hechos, y en su caso, persiga a quienes identifique como autores de estos presuntos delitos contra la Administración Pública, ante lo que no hemos descartado, dadas las cuantías económicas en juego, que se haya producido también un presunto delito de cohecho sumado al de prevaricación y malversación.»

 

“Lo primero que hicimos, dadas las dimensiones del asunto con casi 200 millones de euros en juego, fue ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Desde la Fiscalía Especial nos informaron que los hechos revestían a priori indicios suficientes para la existencia de delitos contra la Administración Pública como malversación y prevaricación, sin embargo, nos indicaron que por indicaciones del Fiscal General del Estado eran incompetentes para investigar estos hechos por lo que los derivaron a la Fiscalía Superior de Extremadura.” – Víctor Arnelas, Coordinador Regional FS-USO Extremadura.

La respuesta desde la Administración a los escritos de advertencia » ha sido el más profundo silencio, un silencio que identificamos como cómplice. Toda esta actuación administrativa ha sido además puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo. Lo peor de todo es que la empresa estaría utilizando todo el ahorro de dinero que produce la ejecución defectuosa en perseguir a honrados sindicalistas ya que creemos que reserva ese dinero para indemnizaciones por despido y por vulneración de derechos fundamentales.»

Descartada la negligencia inconsciente por parte de las personas responsables en la Junta, » nuestra obligación no es otra que la de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región, quienes merecen de un gobierno responsable de sus actos que vele por el bienestar de todos y no únicamente de las empresas con las que contrata.», se señala en un comunicado.

Así, desde USO » advertimos al nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura que desde nuestra posición constitucional vamos a velar por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras que de alguna manera prestan servicios públicos dependientes de la Junta, ya sea de manera directa o externalizada. Todo ello incluye velar por el hecho de que estos servicios se presten de manera eficiente lo que redundará en el beneficio de toda la ciudadanía a la cual van destinados. Para ello usaremos todos los recursos disponibles en Derecho.», finaliza el comunicado.