El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha animado a los agricultores sancionados por circular con sus tractores por la ciudad durante las protestas sin autorización a que acudan a la vía administrativa para reclamar si consideran que se ha vulnerado alguno de sus derechos.

Así ha respondido a Asaja Cáceres tras solicitar nuevamente una «amnistía» para los agricultores que protagonizaron las protestas del sector a principios de febrero, y que en el caso de Mérida, tal y como avanzó el primer edil emeritense, los tractores que circularán por la ciudad sin autorización serían sancionados.

Rodríguez Osuna, que considera que este es un tema que «ya está finiquitado y sustanciado», ha reiterado que «el alcalde no pone multas ni las quita», sino que lo hace la Policía Local «en función de los comportamientos de los ciudadanos».

En este sentido, ha remarcado que «quitar una sanción administrativa que impone un agente de la ley, tiene un nombre, se llama prevaricación administrativa«, de modo que cualquier cargo público que «elimine una sanción a un ciudadano» estaría incurriendo en «prevaricación administrativa», un delito que conlleva incluso la inhabilitación para cargo público.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha subrayado que quien hace declaraciones en este sentido «no las hace de una manera prudente, porque no conoce la legislación», ha remachado.

Este asunto, por tanto, se «sustancia como se tiene que sustanciar», a través del procedimiento administrativo correspondiente. «Tiene que ponerse en manos de abogados», ha aconsejado a los responsables de la organización agraria y a los agricultores sancionados que consideren que se ha vulnerado algún derecho.

En caso de que así sea, «la justicia le da la razón», y en caso contrario, pues la sanción sigue adelante, por lo que «no hay ninguna polémica», ya que existen «resortes administrativos que garantizan también la reversión si se ha cometido alguna irregularidad por parte de algún procedimiento administrativo». Por todo lo anterior, les ha recomendado seguir «los cauces administrativos legales».

EP