Plena Inclusión Extremadura ha denunciado este miércoles que las más de mil personas con discapacidad intelectual que viven en residencias y pisos tutelados de la región están sufriendo un “confinamiento desproporcionado”, así como el impago de las subvenciones de 2020 por parte de la Junta.

Por ello, en una nota, ha reclamado un “equilibrio” entre las medidas de seguridad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual en los centros sociosanitarios, así como recursos suficientes para aplicar con garantías los planes de contingencia en las residencias.

Ha afirmado que las más de mil personas que viven en residencias y pisos tutelados en Extremadura están sufriendo un “confinamiento desproporcionado”, a quienes se les está aplicando un régimen “contrario” a sus derechos individuales, mediante normas generalizadoras sin tener en cuenta a la persona ni a los centros.

El presidente de la federación, Pedro Calderón, ha advertido además de un sobrecoste en los centros debido a que deben reforzar la limpieza, asegurar los controles sanitarios y garantizar la distancia de seguridad, entre otras medidas.

A este respecto, ha subrayado que “sin ayudas de las administraciones será imposible mantener el nivel de gasto derivado de estas acciones, teniendo en cuenta la difícil situación económica que viven muchasde nuestras asociaciones”.

Además, ha denunciado la “grave situación económica” que les está provocando el impago de las subvenciones de 2020, pues “funcionamos desde el 1 de enero de cada año y, este ejercicio, a fecha de 19 de agosto la Consejería no ha realizado ningún pago”.

Según indica, esta situación está provocando una situación “agónica” de las asociaciones que no se puede justificar con la pandemia.

A juicio de Plena Inclusión Extremadura se están vulnerando los derechos individuales y ello se produce por ser un colectivo vulnerable, “tradicionalmente silencioso”.

“Ahora más que nunca debemos encontrar el adecuado equilibrio entre las medidas de seguridad y el derecho de las personas a disfrutar de una vida autónoma”, ha apuntado Calderón en este sentido.

Según indica, las restricciones deben estar “claramente delimitadas”, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública.

El hecho de que haya situaciones que supongan un riesgo para la persona o para los demás, señala Plena Inclusión Extremadura, no debe generar como única respuesta la restricción.

En su opinión, una diferencia de trato que suponga una restricción en el disfrute de derechos fundamentales con respecto al resto de la población “nunca puede ser genérica”, sino que deberá justificarse de la forma más individualizada posible de acuerdo a criterios razonables, objetivos y deproporcionada.

Además, pide que los planes de contingencia se desarrollen en condiciones que aseguren la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes, a través de medidas como la accesibilidad a la información, el apoyo a la toma