La Asamblea de Extremadura ha convalidadocon los votos del PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Unidas por Extremadura el decreto-ley de concesión de una ayuda directa a titulares de explotaciones bovinas que hayan notificado sospecha de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en 2023.

El decreto convalidado este jueves en la sesión plenaria de la cámara legislativa regional es el inicialmente confeccionado por el Ejecutivo regional, dotado con 3,4 millones, que más tarde se vio obligado a modificar ampliando los fondos hasta los 7 millones, modificación que deberá también ser convalidada en un pleno posterior.

Cabe destacar que con la cifra final de 7 millones se llegarán a unos 2.700 titulares de explotaciones bovinas que se han visto afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y que han comunicado la sospecha de dicha enfermedad. Asimismo, se llegaría a algo más de 3.200 explotaciones.

En esta línea, los grupos de la oposición del PSOE y Unidas por Extremadura han acusado a la Junta de Extremadura de hacer un decreto que es una «chapuza» y un «churro» al verse obligado a modificarlo y por considerar que no llega a totalidad de explotaciones, algo que es «injusto».

MAYOR COORDINACIÓN

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en su intervención, ha recordado que, tras la aparición de la enfermedad, se buscó una mayor coordinación entre autonomías para ir «en la misma dirección», petición a la que el ministerio del ramo hizo «oídos sordos».

Ante esta actitud del Ejecutivo nacional, ha incidido en que la Junta se puso a trabajar para que los ganaderos pudieran contar con una ayuda que compensara, en parte, los gastos derivados de la enfermedad y poreso se decidió que las ayudas llegaran a las explotaciones que hubieran notificado la sospecha de enfermedad, ya que de este modo se llegaría a muchos más ganaderos.

HASTA 7.000 EUROS

En cuanto a los pormenores de esta ayuda, Mercedes Morán ha recordado que el importe máximo a recibir por los beneficiarios puede ser de hasta 7.000 euros, mientras que el mínimo para tener acceso está fijado en 200 euros.

Dichas ayudas estarán sometidas al régimen de mínimis y los beneficiarios podrán ser los titulares de explotaciones ganaderas de bovino que figuren en la base de datos a fecha 1 de junio de 2023 y permanezcan a 15 de octubre; además deberían haber notificado la sospecha de EHE en 2023 por parte de un veterinario y ante los servicios veterinarios oficiales adscritos a las oficinas de zona o bien que la explotación haya sido objeto de un saneamiento ganadero en el que se ha hecho una encuesta epidemiológica sobre dicha enfermedad.

Cabe destacar también que las notificaciones de sospecha de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica se deben haberse hecho, como máximo, antes o hasta el 15 de octubre 2023, ha subrayado la consejera de Agricultura.

Del mismo modo, la ayuda aprobada consiste en 35 euros por cada bovino mayor de 24 meses en situación de pertenencia en cada una de las explotaciones beneficiarias.

«Se trata de unas cantidades que van a ayudar a nuestros ganaderos de bovino que se han visto perjudicados por la EHE y por ello estamos trabajando para que las mismas lleguen a los beneficiarios antes de que se acabe el año», ha aseverado.

«Son unas ayudas muy necesarias que finalmente están dotadas con más de 7 millones de euros y que antes de final de año van a llegar a los ganaderos, van a estar a disposición de ellos. Este gobierno, como les decía, está comprometido con el sector primario, como lo demuestra toda nuestra acción de gobierno, donde nuestros agricultores y ganaderos están en el centro de nuestras políticas porque son un motor fundamental de nuestra economía», ha puesto en valor.

LA OPOSICIÓN TACHA EL DECRETO DE «CHAPUZA»

Tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Béjar, como la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han coincidido en que el decreto de ayudas ha sido un «churro» y una «chapuza».

Así, Eduardo Béjar ha acusado a la Junta de engañar a los ganaderos extremeños, ya que todas las explotaciones han sufrido la enfermedad y no solo, ha dicho, quienes han tenido «información privilegiada» o la suerte de que le hayan hecho la encuesta epidemiológica.

Por ello, ha considerado que, «por justicia», se debería haber dado ayudas a un mayor número de explotaciones, ya que, en su opinión, se está premiando a quienes no lo han hecho bien, toda vez que quien ha comprado más insecticida o ha tenido un mejor manejo del ganado y no ha declarado la enfermedad ha tenido gasto y no va a percibir ayuda.