El Grupo Parlamentario VOX Extremadura reclama el cese en funciones, “de manera inmediata y en todos sus cargos”, del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y conocido como «Azagra», tras su implicación en una investigación judicial por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
A través de una nota de prensa los de Abascal en Extremadura se pronunciaban esta tarde para solicitar la dimisión inmediata de Miguel Ángel Gallardo, actual presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en la Región, y de David Sánchez Pérez- Castejón,»Azagra» y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ambos han sido llamados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en el marco de una causa que indaga en presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias según dicha nota.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se centra en la creación de un puesto específico para David Sánchez dentro de un programa cultural denominado “Ópera Joven”, financiado con fondos públicos.
Según los informes, este puesto habría sido diseñado “ad hoc”, lo que genera sospechas de irregularidades administrativas con posibles perjuicios económicos para la Hacienda Pública.
Además, se investigan contratos otorgados por la Diputación de Badajoz bajo la gestión de Miguel Ángel Gallardo, así como el uso de recursos públicos para fines que podrían no ajustarse a la legalidad. En este contexto, se han realizado registros en las oficinas de la institución para recabar pruebas que refuercen las sospechas de los investigadores.
El portavoz de VOX en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha manifestado que “este caso refleja una grave falta de ética y un uso indebido de las instituciones públicas en beneficio de intereses personales y partidistas, una vez más en manos del PSOE”.
Asimismo, ha instado al PSOE a asumir su responsabilidad política y a “eliminar de sus filas a los implicados para garantizar la transparencia en las instituciones extremeñas”.
Así como el uso sistemático de las instituciones por parte del PSOE para favorecer redes clientelares y familiares, una práctica que VOX considera incompatible con la democracia y la confianza ciudadana.
VOX ya se presentó como acusación popular en el proceso judicial y ha solicitado la comparecencia en la Asamblea de Extremadura de Miguel Ángel Gallardo y otros responsables implicados en los hechos. “Los extremeños no pueden tolerar que sus instituciones estén manchadas por la corrupción, especialmente cuando estas deben estar al servicio de los ciudadanos”, ha añadido Fernández Calle.
