Esta organización agraria pone de manifiesto que las industrias están obligando a los agricultores a firmar una cláusula abusiva en los contratos en la que se dice que esos precios cubren sus costes

Mañana viernes finaliza el plazo para la presentación de los contratos de tomate a la administración regional y desde UPA-UCE denuncian que las industrias están imponiendo precios por tonelada a 107 euros, un precio ruinoso que está muy por debajo de los costes de producción y que amenaza con pérdidas muy graves para los tomateros de la región. “Esto es un verdadero atraco que amenaza la continuidad del sector en Extremadura”, mantiene el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Desde esta organización agraria señalan que con este “atraco”, las industrias privadas van a llevarse un botín de más de 32 millones de euros, ya que están bajando un 20% el precio a los agricultores extremeños. En torno a 1.800 productores extremeños de tomate están afectados por este conflicto.

Ante esta situación, desde UPA-UCE se preguntan dónde está la consejera de Agricultura de la Junta y recuerdan que ya le han reclamado públicamente y por escrito que interviniera en el conflicto para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que ningún agricultor reciba precios por debajo de costes. “Pedimos que la consejera actúe ahora con la misma decisión ante este incumplimiento de la industria que como actuó el año pasado cuando penalizó en la ayuda a los agricultores tomateros que no pudieron presentar los contratos en plazo. Ahora ya sabemos con quién está la consejera y, desde luego, no es precisamente con los productores de tomate extremeños”, destaca Huertas.

UPA-UCE Extremadura también pone de manifiesto “el juego sucio” de las industrias, ya que están pretendiendo cubrir las apariencias mientras obligan a los agricultores a firmar una cláusula abusiva en los contratos que dice que esos precios cubren sus costes de producción. “Esto no le va a servir de nada porque no es verdad y no vamos a consentirlo. Volveremos a denunciar a las industrias tomateras ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y se tendrán que presentar los costes reales”, defiende Huertas.

Por todo ello, UPA-UCE utilizará todos los instrumentos de los que dispone para revertir esta situación porque no hay motivos reales para plantear esta reducción bestial de los precios. “No consentiremos que la avaricia de la industria arruine a los agricultores de tomate”, finaliza Huertas.