La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha exigido explicaciones a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por la actuación «negligente» en la gestión de los fondos asignados para la reestructuración del viñedo en la campaña 2024, que ha dado lugar a que «por primera vez» la región tenga que devolver parte de estas ayudas a pesar de que no se han cubierto las solicitudes presentadas.

«Se devuelve dinero dejando fuera a viticultores extremeños que se habían acogido a esta medida tan necesaria para sus explotaciones», ha criticado el secretario general de la organización, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa este viernes.

Una situación que además se produce «en un momento en el que los cambios de consumo han generado una grave crisis en determinadas variedades que están obligando a las explotaciones a adaptarse de manera urgente».

Huertas abunda en que, además, las enfermedades de madera han reducido «de forma importante» el periodo de vida útil de las viñas, por lo que desde esta organización agraria señalan que Extremadura ha venido utilizando esta medida por las características de sus viñas, consiguiendo siempre subir los fondos que se habían asignado inicialmente. Pero en 2024 ni siquiera se ha llegado a cubrir la cantidad asignada de 8,2 millones de euros.

Ante estas «malas actuaciones» en el sector vitícola extremeño, que afecta «masivamente» a la comarca de Tierra de Barros, y teniendo en cuenta el «carpetazo» a los regadíos de esta comarca, desde UPA-UCE se preguntan si «la Junta ha dejado de apostar por esta comarca y sus agricultores».

«Son demasiadas coincidencias y más bien parece que la Junta pretende castigar a los agricultores de esta zona», ha apuntado Huertas en su intervención.

Por esto, UPA-UCE exige explicaciones a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, quien no se ha reunido con las organizaciones agrarias para «explicar la gestión de esta medida y la situación, al contrario de lo que venía siendo habitual en otras legislaturas», recoge Huertas en una nota de prensa.

Por otro lado, debido a la sequía y a la «crisis» que vive el sector, UPA-UCE Extremadura viene reivindicando al Ministerio de Agricultura la ampliación del plazo de autorización de plantaciones de dos a cinco años, una medida que finalmente se ha logrado permitiendo así a los agricultores tener «más tiempo para tomar decisiones».

«Estamos en un mercado muy cambiante y los agricultores necesitan poder hacer planificaciones de variedades con tiempo suficiente sin verse condicionados por una pérdida de derechos», señala, por su parte, la responsable del vino de la organización agraria, Catalina García.

UPA-UCE también reclama a la Junta un plan estratégico para el viñedo porque el sector vive «completamente a ciegas» a la hora de plantar nuevas variedades. «Los agricultores están tomando decisiones de siembra de variedades condicionados exclusivamente por la disponibilidad de las mismas en los viveros y sin ningún tipo de asesoramiento relacionado con las demandas del mercado que le permita hacer una planificación adecuada», destaca García.