El planteamiento del PSOE para reformar el modelo de financiación autonómica ha abierto un nuevo frente de debate político, especialmente en las comunidades históricamente infrafinanciadas. Unidas por Extremadura ha mostrado un rechazo firme a la propuesta del Gobierno, al considerar que introduce criterios como la ordinalidad y tolera el dumping fiscal entre comunidades, lo que, a su juicio, pone en riesgo la cohesión social y territorial del país.
La portavoz de Unidas por Extremadura y coordinadora autonómica de Podemos, Irene de Miguel, ha cuestionado de raíz el enfoque del Ejecutivo. Para la formación, la negativa del Gobierno a romper claramente con el principio de ordinalidad supone aceptar un marco que prioriza los intereses de los territorios con mayor capacidad económica, debilitando el papel redistributivo del Estado. Este criterio, señalan, consolida un sistema en el que las comunidades más ricas mantienen su posición relativa tras el reparto de recursos, mientras que las regiones con menos renta siguen atrapadas en una financiación insuficiente.
Desde Unidas por Extremadura se insiste en que la ordinalidad no es un concepto neutral, sino una herramienta política que blinda las desigualdades existentes. En territorios como Extremadura, este modelo implica menos recursos para sanidad, educación o dependencia, y dificulta avanzar hacia una igualdad real de derechos. “Asumir las tesis de la derecha nos lleva al abismo social y territorial”, ha advertido De Miguel, en referencia a un planteamiento que, a su juicio, se aleja del espíritu de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución.
La formación también ha puesto el foco en el dumping fiscal entre comunidades autónomas. La posibilidad de que algunas regiones reduzcan impuestos de forma agresiva para atraer capital y rentas altas genera, según Unidas por Extremadura, una competencia desleal que erosiona los ingresos públicos y obliga al resto de territorios a sostener el sistema con menos recursos. Esta dinámica, alertan, beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto del Estado, especialmente a las comunidades con menor margen fiscal.
Para Unidas por Extremadura, la propuesta del PSOE evidencia una deriva preocupante hacia postulados propios de la derecha económica, en los que la financiación autonómica se concibe como un reparto competitivo y no como una herramienta de cohesión. Frente a ello, la formación defiende un sistema que avance hacia un país “equitativo, justo y que redistribuye la riqueza”, en el que la solidaridad entre territorios sea un pilar irrenunciable.
El debate sobre la financiación autonómica vuelve así a evidenciar una fractura de fondo: optar por un modelo que corrija las desigualdades estructurales o consolidar uno que las normalice. Para Unidas por Extremadura, la propuesta actual del PSOE se sitúa peligrosamente en el segundo escenario, con consecuencias sociales y territoriales de largo alcance
