Plantea refuerzo de la atención primaria, fortalecer el pacto contra la violencia de género, o medidas para defender a la agricultura social y familiar

En el pleno de la Asamblea de Extremadura, Unidas por Extremadura ha defendido sus enmiendas a los Presupuestos de Extremadura en materia de Igualdad, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia, Agricultura y Ganadería.

En un comunicado, la formación morada ha subrayado las líneas más importantes de sus enmiendas a las diferentes áreas debatidas.

IGUALDAD

La formación ha presentado 11 enmiendas a los presupuestos y, su diputada, Nerea Fernández, ha denunciado que «el haber destruido la Consejería de Igualdad implica menos tiempo, menos recursos, menos personal laboral y, de hecho, también seguir con varias de las políticas continuistas del anterior Ejecutivo. Insistimos en que la igualdad no debería ser moneda de cambio».

Las enmiendas más importantes que han presentado en esta materia van enfocadas a «fortalecer el pacto de estado contra la violencia de género, con 600.000 euros de fondos municipales para adecuar y adaptar opciones habitacionales de urgencia para mujeres»; «aumentar en 50.000 euros el presupuesto para la adecuación de los centros y casas de la mujer de Cáceres y Badajoz, que necesitan una buena reforma».

Fernández ha alertado de que «entre 2018 y 2022 ha habido 24 víctimas de trata de explotación sexual en Extremadura, y esos son solo los casos registrados, no sabemos las mujeres que lo hayan sufrido sin que lo hayan podido denunciar».

Junto con ello, ha denunciado que «otra de las grandes olvidadas son las mujeres rurales», defendiendo que «Extremadura es tierra orgullosa de lo rural y desde las instituciones necesitamos proteger la igualdad en el mundo rural y proteger a las mujeres rurales de las violencias sexistas y machistas. Por eso presentamos una enmienda de 150.000 euros para desarrollar el plan de la mujer rural de Extremadura».

Además, Unidas ha defendido una serie de enmiendas destinadas «a programas de integración social para hombres agresores para su re-educación, o la formación específica en temas de abusos sexuales o violencias machistas destinados a la formación de los cuerpos de seguridad, sanitarios y en el ámbito judicial, así como enmiendas para el desarrollo reglamentario de la Ley LGTBI en Extremadura», lamentando que «todavía no se ha desarrollado».

Por todo ello, Fernández ha defendido que «estas son algunas de las medidas importantes para hacer de Extremadura un territorio libre de violencias machistas o sexuales con las mujeres, niñas y niños».

SANIDAD, DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES

En materia de Sanidad, Dependencia y Servicios Sociales, el portavoz de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha destacado que sus enmiendas mueven 113 millones y ha denunciado que la «sanidad ha perdido peso en la Consejería», añadiendo que «la Sanidad podía haber estado más financiada en este presupuesto: si hay voluntad realmente de llegar a un acuerdo escuchen las propuestas que tenemos».

Por ello, ha instado a PP y Vox a «vincular el Sistema de Financiación Autonómica, como les han dicho las plataformas, a la financiación de los servicios públicos fundamentales».

Además, ha afirmado que «van a tener 17 millones de euros de ingresos extras gracias al gobierno que ustedes llaman de social-comunistas, gracias a que no se bajan impuestos. Nosotros le planteamos que se vincule este aumento a la financiación en la sanidad, pero han decidido hacer lo que quieran con esos 17 millones y no nos han dicho en qué piensan gastárselo».

González Frutos ha señalado que «debería ser de consenso entre todos los grupos la enmienda que traemos de refuerzo de atención primaria, ya que si esta falla se colapsa el resto del sistema».

En esta línea, la enmienda plantea «una serie de medidas de naturaleza presupuestaria y otras de reparto de roles en equipos de atención primaria, con un acuerdo para desburocratizar la atención primaria, no puede ser que la atención primaria esté colapsada y haya un tiempo de espera de una semana», abogando por «poner dinero en materia de retribución, en materia de atención primaria como en los refuerzos que hemos planteado».

Para ello, por ejemplo, han puesto encima de la mesa un presupuesto de 10 millones para la contratación de sanitarios «para llegar al objetivo del 25 por ciento en gasto en atención primaria».

El diputado ha apostado «por hacerse una apuesta firme en salud mental, ya que además, no tiene que ver solo con el sistema sanitario, sino con otros sistemas también como la Educación, por lo que se requiere un esfuerzo presupuestaria si se quiere apostar por la salud mental».

González Frutos ha recalcado que «tenemos retos como el transporte sanitario terrestre, ya que sigue habiendo un problema grave», instando a «abordar un nuevo contrato con más dinero»; «e inversiones sanitarias pendientes que tenemos en esta comunidad autónoma, que ustedes defendían cuando estaban en la oposición como el CAS de Jerez, todo el refuerzo en la Sierra de San Pedro, o en los centros de salud de Badajoz, etc.»

El diputado ha explicado que «no parece normal que encabecemos el gasto farmacéutico por habitante al año y que tengamos un porcentaje tan bajo de penetración de genéricos respecto a otras comunidades o países de nuestro entorno», apostando, por tanto, «por la disminución de este gasto, ya que se ha calculado la estrategia a llevar para ello».

González Frutos ha apostado por «reforzar el sistema público de servicios sociales, ya que siempre es la prima pobre del estado del bienestar. La apuesta debe hacerse por lo que es la puerta de entrada, que es la atención primaria».

En este sentido, ha pedido «aumentar el ratio de profesionales por habitante e incorporar a esa atención primaria todo lo que tiene ver con los programas de atención a la infancia y la familia, y reforzar los programas municipales que están a pie de calle para responder a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, que tiene que ver la ayuda a contingencias y mínimos vitales, que lleva congelada tres o cuatro años», defendiendo «su utilidad para responder a todo lo que no responde el sistema autonómico y estatal de ingreso mínimo vital y renta garantizada, que es a la emergencia concreta en el punto concreto», criticando que «es insuficiente el dinero que hay, por lo que hay que reforzarlo».

En materia de Dependencia, José Antonio González ha «apostado por la desisntitucionalización, por lo que hay que apostar firmemente por la ayuda a domicilio, incrementando la apuesta presupuestaria». Además, ha defendido «cambiar el modelo a plazas conveniadas en las residencias municipales aspirando a tener el 100 por 100».

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Respecto a Agricultura y Ganadería, la portavoz de Unidas por Extremadura en esta materia, Irene de Miguel, ha defendido las enmiendas de su formación destacando que «el objetivo es que ni un agricultor ni ningún ganadero baje los brazos. Esto no va de competir con el campo francés o el marroquí, esto va de la apuesta por la agricultura familiar y social europea como modelo prioritario en la producción de alimentos de calidad», apostando por «protegerla y blindarla frente a los fondos de inversión».

Por ello, De Miguel ha defendido el «plan estratégico del olivar tradicional extremeño, ya que es la columna vertebral de muchos de nuestros pueblos, protegerlo ante las amenazas que nos acechan como el cambio climático, la subida de los costes de producción o la competencia del olivar hiperintesivo».

También, ha abogado «por que se ponga en marcha el observatorio de precios, ya que es un instrumento fundamental para proteger a los productores y garantizar los precios justos».

En esta línea, De Miguel ha «echado en falta que ayer hubiera salido la Consejera ante las protestas de los arroceros para decir que iba a hacer una inspección con el objetivo de ver si el precio que se estaba estipulando en las mesas del arroz y el tomate era un precio que estuviera cumpliendo con la Ley de Cadena Alimentaria. No podemos permitirnos la equidistancia cuando se está abusando de nuestros productores y asfixiando al sector primario».

La portavoz ha indicado que «el acompañamiento y asesoramiento es clave», apostando por «que llegue un técnico público o un asesorar del cuerpo de extensión agraria antes que un comercial de Bayern o Monsanto», denunciando «que quienes defienden que Europa debe abogar por más agro-químicos, señores de Vox, realmente están defendiendo a las multinacionales que solo buscan su propio beneficio».

Además, ha defendido «el relevo en el campo, por lo que necesitamos más cooperativas, bancos de tierra que pongan en contacto a agricultores que dejen la actividad con aquellos que quieren incorporarse, o que hagan un censo de fincas públicas que están en desuso, ya que son muchas».

Por todo ello, Irene de Miguel ha concluido que «la política agraria extremeña no puede ceñirse a gestionar los fondos europeos, hay que diseñar política extremeña agraria arraigadas al territorio».