Asegura que esta «falta de reconocimiento agrava» la situación de muchos trabajadores, ya que no reciben la «atención adecuada ni el respaldo necesario».
UGT Servicios Públicos Extremadura ha criticado los «graves retrasos y deficiencias» que afectan a los empleados públicos de la Administración General desde que, el 1 de diciembre de 2022, entró en vigor el Convenio de Asociación entre la Junta de Extremadura y la mutua Fremap.
En concreto, este convenio cubre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales del personal de varios sectores de la administración y, tal y como ha recordado UGT SP en una nota de prensa, desde un principio, dicho sindicato se opuso a que el personal público fuera derivado a una mutua en lugar de ser atendido por el Servicio Extremeño de Salud (SES) aunque la Administración decidió aplicar el acuerdo «de forma unilateral».
«Ahora, los problemas que UGT advirtió en su momento se han materializado. Un incidente reciente pone de manifiesto la gravedad de la situación: la semana pasada, un trabajador sufrió un accidente laboral y, debido a la falta de servicios especializados de la mutua en Extremadura, no recibió el tratamiento adecuado, lo que ha puesto en peligro su salud», ha asegurado.
En este sentido, UGT SP ha indicado que, anteriormente, estos casos eran atendidos por los servicios sanitarios públicos de Extremadura, que «garantizaba una atención apropiada» y ha criticado que, actualmente, Fremap «carece de los recursos necesarios dentro de la región para tratar ciertos casos de forma eficiente».
«Además, desde que Fremap gestiona la cobertura sanitaria de los empleados públicos, UGT ha detectado una drástica caída en el reconocimiento de los daños psicológicos como accidentes de trabajo. Estos daños son sufridos por los empleados y empleadas como consecuencia de los riesgos psicosociales a los que están expuestos en su trabajo», ha asegurado.
Por ello, el sindicato ha asegurado que esta «falta de reconocimiento agrava» la situación de muchos trabajadores, ya que no reciben la «atención adecuada ni el respaldo necesario», por lo que ha exigido a la Administración que «modifique este convenio o busque alternativas que garanticen a los empleados públicos de la Administración General una atención médica de calidad dentro de su propia comunidad».
Por otra parte, UGT ha lamentado la «falta de actuación» ante los riesgos laborales en el Centro de Educación Especial (CEE) Proa de Cáceres y ha reiterado su denuncia contra la «inacción» de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ante los riesgos laborales que afectan al personal de dicho centro.
«Este centro lleva tiempo enfrentando graves problemas de seguridad y salud laboral, sin que la consejería haya tomado medidas a pesar de estar plenamente informada desde el año pasado, cuando UGT presentó un informe detallado», ha asegurado el sindicato.
De este modo, UGT ha informado de que un informe destaca la «grave falta de personal» en «categorías esenciales» como enfermeros, educadores y ATE cuidadores.
Una «carencia» que, como ha expuesto el sindicato, ha «incrementado el riesgo» de problemas psicosociales en los trabajadores, que están sometidos a una «alta carga de trabajo».
Así, y aunque los empleados del CEE Proa ya han solicitado una Evaluación de Riesgos Laborales, la situación «sigue sin resolverse», ha criticado UGT. En este sentido, el sindicato extiende esta petición a todos los centros con características similares para garantizar un «entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores públicos».
Por ello, UGT ha instado a la Consejería y a la Administración a actuar «urgentemente» para corregir estas «deficiencias» y mejorar las condiciones de trabajo del personal afectado.