La juez Beatriz Biedma no ha esperado a los recursos de las partes y ha abierto juciio oral a los implicados en la supuesta adjudicación a dedo de la plaza de David Sánchez en el conservatorio de Badajoz.

La trama del hermanísimo ha dado un giro judicial. La jueza Beatriz Biedma ha decretado la apertura de juicio oral contra once personas en el marco de la investigación sobre la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión desestima el recurso de la defensa y no ha esperado a que se resuelva el de la Fiscalía.

Entre los procesados se encuentran figuras destacadas del PSOE extremeño, como Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del partido en la región; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas; y Luis María Carrero Pérez, exasesor de la Presidencia del Gobierno en Moncloa.

El epicentro: el puesto de David Sánchez
En su escrito de 18 páginas, asegura que la versión defendida por la defensa del músico es «inasumible» porque durante la instrucción ha quedado patente que el puesto que asumió el hermano del presidente del Gobierno «fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que (…) fuera formalmente candidato para el mismo».

Indica que la plaza fue diseñada expresamente para ser adjudicada al hermano del presidente, «dándole la apariencia de legalidad». La magistrada señala que esta intención era conocida en el ámbito cultural de la Diputación incluso antes de que Sánchez formalizara su candidatura.

El proceso estuvo lleno de irregularidades: desde la falta de informes obligatorios hasta la evidencia de que el propio Sánchez intentó alquilar una vivienda en Badajoz vía Airbnb un día antes de realizar la entrevista para el cargo, lo que refuerza la sospecha de que su contratación ya estaba acordada de antemano.

Miguel Ángel Gallardo y su aforamiento
Uno de los giros más comentados del caso ha sido el intento de Miguel Ángel Gallardo de evitar el juicio en la Audiencia de Badajoz. El líder del PSOE extremeño ha tomado posesión de un escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que traslada el caso al Tribunal Superior de Justicia de la región. Sin embargo, hay dudas de los plazos. Si el auto de apertura de juicio se dictó antes de que esa toma de posesión se materializara, su maniobra sería en balde.

Gallardo ha defendido públicamente su decisión, alegando que solo dio el paso una vez concluida la instrucción. «Podía haberlo hecho hace un año», ha dicho, acusando al proceso judicial de estar plagado de “filtraciones” e “indefensión”. No obstante, también ha reconocido que «probablemente» tendrá «más derechos» una vez aforado.

Gallardo negó haber creado una plaza ‘ad hoc’ para David Sánchez y ha calificado el caso como una «fabricación» impulsada por intereses políticos y mediáticos, insistiendo en que la instrucción está basada en conjeturas y no en pruebas sólidas. La jueza, sin embargo, mantiene la investigación abierta y ha citado a declarar a otros funcionarios y responsables de la Diputación de Badajoz para esclarecer si hubo irregularidades en la creación y adjudicación del puesto que ocupa el hermano del presidente desde 2017.

Luis Carrero, el exasesor de Moncloa
Otra figura clave en esta trama es Luis María Carrero Pérez, exfuncionario de La Moncloa y amigo íntimo de David Sánchez. Según el auto judicial, su contratación como jefe de sección en la Diputación responde a un plan preestablecido para que siguiera auxiliando a Sánchez dentro de la Oficina de Artes Escénicas. Correos electrónicos intervenidos en la investigación revelan que ambos daban por hecho su incorporación incluso antes de que la plaza fuera oficialmente licitada.

Durante la instrucción, Carrero entregó en mano informes manuscritos y sin registro oficial en la Diputación, supuestamente elaborados por David Sánchez, en un intento por justificar las funciones de este último al frente del departamento.

Otros implicados
Además de Sánchez, Gallardo y Carrero, hay ocho personas más procesadas, entre ellas altos cargos, técnicos y responsables del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Entre ellos destaca Ricardo Cabezas, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz.

La jueza no ha hecho públicos todos los nombres en su auto, pero ha señalado que existen indicios «suficientes» de que todos ellos participaron en una maniobra conjunta para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno, manipulando procedimientos de contratación pública.

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