El Gobierno declarará zona catastrófica a casi toda España tras los incendios y fenómenos extremos del verano. La medida incluye ayudas económicas, exenciones fiscales y planes de prevención frente a la emergencia climática.
El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez en su primera reunión tras el parón estival, aprueba este martes la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, conocida hasta hace poco como zona catastrófica, para los territorios devastados por los incendios forestales de este verano. Se trata del primer paquete de medidas de respuesta frente a una ola de fuegos que ya ha arrasado más de 411.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), una cifra que supera incluso la de 2022, considerado hasta ahora el peor año en términos de superficie calcinada.
Zonas que se beneficiarán de la medida
La decisión del Ejecutivo no se limita únicamente a los lugares más castigados por el fuego en las últimas semanas, sino que se amplía a casi toda España, ya que también incluye zonas afectadas por danas, crecidas, inundaciones o granizadas. En la lista de comunidades autónomas incluidas figuran Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares. Solo Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla quedan al margen de esta declaración.
¿Qué implica?
La declaración de zona catastrófica implica la dotación de un paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas destinadas a facilitar la recuperación de los territorios más afectados. Entre ellas se contemplan ayudas directas a los particulares que hayan sufrido daños en sus viviendas habituales o en enseres de primera necesidad, así como apoyos a empresas, autónomos, agricultores, ganaderos o incluso subvenciones a empresas para reparar los daños sufridos.
También se estudia la exención del pago de impuestos, incluido el IRPF, junto a la eliminación de tasas administrativas relacionadas con la tramitación de bajas de vehículos siniestrados o la expedición de duplicados de permisos de circulación y de conducción destruidos por los incendios o las inundaciones. El Gobierno, además, pretende simplificar los trámites burocráticos para la contratación de servicios de emergencia en estos territorios, con el objetivo de agilizar las respuestas en situaciones críticas.
Al mismo tiempo, se prevé la aprobación de un real decreto para establecer un protocolo más claro en los planes de prevención de incendios que deberán implementar tanto comunidades autónomas como ayuntamientos para reforzar la capacidad de reacción frente a fenómenos extremos que, como ha incidido el Ejecutivo, se están intensificando en el marco de la emergencia climática.
A día de hoy permanecen activos al menos catorce incendios, la mayoría en Castilla y León, y la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta por riesgo muy alto o extremo en amplias zonas del norte y el este peninsular. La declaración de zona catastrófica supone, por tanto, un primer paso para restaurar la normalidad en los territorios afectados, proteger a los damnificados y preparar a las instituciones frente a un reto que se repite cada verano con mayor intensidad.
ondacero.es
