El Gobierno ha anunciado que ya se prepara un nuevo real decreto que actualice unas cuantías fijadas hace veinte años y que, a juicio del Ejecutivo, han quedado desfasadas ante la magnitud de las emergencias actuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia, la figura que sustituye a la antigua «zona catastrófica». Se trata de una herramienta legal que permite al Ejecutivo agilizar la respuesta en territorios golpeados por desastres naturales, como los incendios forestales e inundaciones que han asolado España en las últimas semanas.

Con esta decisión, el Gobierno abre la puerta a que los damnificados puedan reclamar ayudas directas, compensaciones económicas y beneficios fiscales. A la vez, Interior ha anunciado que prepara un nuevo real decreto que actualice unas cuantías fijadas hace veinte años y que, a juicio del Ejecutivo, han quedado desfasadas ante la magnitud de las emergencias actuales.

¿Qué supone la declaración de zona afectada por emergencia?
Esta calificación es la llave para que los afectados accedan a ayudas públicas inmediatas. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 contempla que, una vez declarada, se puedan aplicar medidas como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas, locales, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. Además, se plantea una reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para negocios dañados en el ejercicio fiscal en curso.

También se puede optar a subvenciones directas para reparar viviendas, locales o enseres de primera necesidad y ayudas económicas por fallecimiento o incapacidad derivada de la catástrofe.

Cuánto se puede cobrar hoy
La normativa actual está regulada por el Real Decreto 307/2005, que establece unas cifras que no se han actualizado en dos décadas. Son las que se aplican de momento:

18.000 euros por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente.
15.120 euros como máximo por la destrucción total de la vivienda habitual.
10.320 euros si los daños afectan solo a la estructura de la vivienda.
5.160 euros si los daños no afectan a la estructura.
2.580 euros por la destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que estas cantidades “han quedado anticuadas” y que el nuevo decreto servirá para que se adecúen «razonablemente a los daños reales».

Una reforma en camino
Aunque todavía no hay fecha para su aprobación, el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco legal que elevará las ayudas y las adaptará a la realidad actual. La intención del Gobierno es que las nuevas cuantías tengan carácter retroactivo, de manera que los afectados por los incendios e inundaciones de este verano también puedan beneficiarse de ellas una vez entren en vigor.

La Palma y la DANA de Valencia
En los últimos años, el Gobierno ha aprobado respuestas excepcionales ante catástrofes concretas, con ayudas muy por encima de las previstas en la normativa general. En la erupción de La Palma, en 2021, los afectados recibieron cuantías especiales para vivienda y enseres, adaptadas a la magnitud del desastre.

Además, en la DANA de Valencia, en 2024, se aprobaron hasta 72.000 euros por incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para viviendas dañadas, hasta 10.300 euros para mobiliario y electrodomésticos y hasta 37.000 euros para elementos comunes de comunidades de vecinos.

Estos ejemplos son la referencia que, según Moncloa, debe guiar la futura reforma para que no sea necesaria una negociación extraordinaria cada vez que ocurre una emergencia grave.

Emergencias este verano: más de 350.000 hectáreas arrasadas
La decisión del Consejo de Ministros ha sido obligada tras la ola de incendios más grave de la última década, con 358.000 hectáreas quemadas en solo 15 días de agosto. A ello se suman inundaciones y riadas que han dejado daños millonarios en infraestructuras y viviendas.

Desde el 24 de junio se han registrado 121 emergencias de protección civil: 114 incendios forestales y 7 inundaciones, con especial incidencia en Castilla y León, Asturias y Galicia, donde aún permanecen activos varios grandes fuegos.

 

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