Las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales notificarán a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales la identidad de las personas procedentes de otras comunidades autónomas que se hayan desplazado a Extremadura para ocupar segunda residencias o las de familiares o allegados, a fin de adoptar las medidas preventivas y sancionadoras que procedan.
Así consta en la resolución publicada este lunes por el Diario Oficial de Extremadura y firmada por el consejero del ramo, José María Vergeles, el pasado sábado, en la que se emplaza a estos ciudadanos, que han incumplido las condiciones del estado de alarma, a someterse a un régimen voluntario de cuarentena domiciliaria durante un período de 14 días.
Por ello, por conducto de la Delegación del Gobierno se dará traslado a las fuerzas de seguridad del Estado y a las policías locales para que notifiquen a la Consejería losciudadanos que hayan incumplido esta recomendación, tomando razón de su identidad, procedencia y de las circunstancias del incumplimiento.
De este modo, si a consecuencia del incumplimiento se hubiere producido un riesgo grave o muy grave para la salud pública, se adoptarán las medidas preventivas individualizadas que se consideren pertinentes en materia de salud pública y, en su caso, se impondrán las sanciones correspondientes en eta materia.
Según recuerda la resolución, estos comportamientos pueden conllevar, entre otras sanciones, la imposición de multas de hasta 60.000 o 600.000 euros.
La Consejería señala que los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fecha 2 de abril parecen revelar que la cifra de nuevos contagios diarios en Extremadura tiene tendencia hacia la estabilización e incluso al descenso, indicando que se podría haber llegado al pico de la curva, «de forma que es muy importante evitar por todos los medios nuevas fuentes externasde posibles contagios».
