Poco antes de que la jueza que lleva el caso anunciara su imputación junto a la de David Sánchez.
El líder del PSOE en Extremadura recogía su acta como diputado en el parlamento extremeño, lo que le otorgaba condición de aforado.
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El entramado del caso en torno al hermano de Pedro Sánchez no ha hecho más que enredarse, especialmente en los últimos días cuando al anuncio repentino de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se convertía en diputado del Parlamento de Extremadura y, por tanto, en aforado, respondía la jueza, Beatriz Biedma, con la imputación de él y de David Sánchez como investigados por tráfico de influencias y prevaricación.
Miguel Ángel Gallardo comunicó el pasado miércoles que se convertía ennuevo diputado del Parlamento de Extremadura, después de que renunciara una de las actuales diputadas del PSOE y las cuatro personas que iban por delante de él en la lista de sustitutos.
La justificación es que debido a su rol como líder regional del partido socialista, tenía que ocupar una posición de relevancia en el parlamento.
Hace escasas semanas el propio Gallardo afirmó que no iba a convertirse en diputado «hasta que no concluya el caso David Sánchez para que nadie piense que quiero aforarme».
Posteriormente, el jueves 22, la jueza Biedma anunciaba la imputación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto al del líder del PSOE en Extremadura por un supuesto tráfico de influencias y prevaricación en la contratación de David Sánchez en un puesto dentro de la Diputación de Badajoz.
Ahora la defensa del secretario general del partido socialista extremeño asegura que desde el miércoles 21 a las 13:17, momento en el Gallardo recogió su acta como diputado, la jueza dejó de tener la capacidad para procesarlo.
De esta manera, la competencia para investigar al presidente de la Diputación de Badajoz pasaría a estar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura debido a su nueva condición de aforado.
Los motivos por los que el socialista extremeño trata de refugiarse bajo el paraguas del TJS, podrían ir detrás de una dilatación de los plazos o un supuesto trato más benévolo, no está claro. Sí es destacable que esta instancia superior podría revisar la decisión de la jueza Biedma de abrir juicio oral y desestimarlasi así lo considera.
Completa incertidumbre
La discusión está ahora en qué dicta el reglamento del Parlamento de Extremadura, en su artículo número 15 de este afirma que para tener la condición plena de diputado debe también presentar la jura o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, procedimiento que Gallardo tiene agendado hacer el próximo jueves.
Pese a esto, la incertidumbre es completa, no queda del todo claro si el TSJ tiene ya las competencias sobre la investigación del dirigente socialista o si todavía está en manos de la jueza Biedma al haberlo imputado antes de la jura de la Constitución. En todo caso es el Tribunal Superior de Justicia regional el que tiene la última palabra.
El Gobierno considera «sorprendente» la rapidez de la jueza
En la entrevista que ha concedido a Carlos Alsina la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que no considera una maniobra las prácticas de Gallardo, al mismo tiempo que afirmaba que si «en este caso no estuviera el hermano el presidente del Gobierno, no habría caso».
Por otro lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tacha de «sorprendente» la decisión de la jueza,puesto que no es nada habitual que se abra juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial se pronuncie. «Las prisas no son buenas consejeras» ha asegurado el ministro.
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