El sector agrario extremeño se encuentra en pie de guerra ante el preacuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que agricultores y ganaderos consideran una amenaza directa para la viabilidad del campo y del medio rural. Desde el sector se denuncia que este acuerdo vuelve a convertir a la agricultura y la ganadería en moneda de cambio dentro de la política comercial europea, sin tener en cuenta su impacto social, económico y territorial.
Los profesionales del campo alertan de que el acuerdo facilitará la entrada de productos agroalimentarios procedentes de países como Brasil o Argentina, producidos bajo estándares sanitarios, laborales y medioambientales muy inferiores a los exigidos en la Unión Europea. Esta situación genera una competencia desleal que coloca a los productores extremeños en clara desventaja y presiona aún más a la baja los precios en origen.
La preocupación es especialmente intensa en un contexto ya marcado por el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de muchas explotaciones y la ausencia de relevo generacional. El sector advierte de que el acuerdo con Mercosur puede acelerar el abandono de explotaciones agrarias, destruir empleo rural y profundizar la despoblación en amplias zonas de Extremadura.
Otro de los ejes de rechazo es el impacto ambiental. El sector agrario extremeño señala que el impulso a las importaciones procedentes de modelos de producción intensiva puede incentivar la deforestación y la degradación de ecosistemas en América del Sur, en contradicción con los compromisos europeos en materia de sostenibilidad, transición ecológica y lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, denuncian la incoherencia de exigir mayores esfuerzos ambientales al campo europeo mientras se permite la entrada de productos que no cumplen esas mismas normas.
Asimismo, agricultores y ganaderos cuestionan la falta de garantías reales en materia de control, trazabilidad y seguridad alimentaria. La experiencia con acuerdos anteriores demuestra, según advierten, que los mecanismos de supervisión son insuficientes, lo que genera desconfianza tanto en los productores como en los consumidores.
El sector también denuncia que el acuerdo beneficia principalmente a las grandes multinacionales agroalimentarias y a las cadenas de distribución, mientras traslada los costes económicos, sociales y ambientales a los productores y al territorio. Esta dinámica, subrayan, profundiza la concentración de beneficios y debilita la soberanía alimentaria.
Ante este escenario, el sector agrario extremeño reclama una revisión profunda del acuerdo con Mercosur y exige que cualquier política comercial tenga en cuenta el impacto real sobre el campo, el empleo rural y el equilibrio territorial. El mensaje del sector es claro: sin protección efectiva de la agricultura y la ganadería, el acuerdo con Mercosur no representa una oportunidad, sino una amenaza para el futuro del medio rural extremeño.
Las organizaciones agrarias extremeñas, al frente del rechazo y de las movilizaciones
Las organizaciones agrarias extremeñas han asumido un papel central en la contestación al principio de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y ya han anunciado una campaña de movilizaciones en la región para visibilizar el rechazo del campo. Las organizaciones del sector consideran que este preacuerdo supone un ataque directo a la agricultura y la ganadería extremeñas y una nueva muestra del abandono institucional que sufre el medio rural.
Según han avanzado, las movilizaciones incluirán cortes de carreteras y otras acciones de protesta en distintos puntos de Extremadura, con el objetivo de llamar la atención de las administraciones y de la opinión pública sobre las graves consecuencias que el acuerdo puede tener para el sector primario. El campo extremeño denuncia que no ha sido escuchado durante el proceso de negociación y que, una vez más, sus intereses han quedado subordinados a los de las grandes corporaciones y a la lógica del libre comercio.
Las organizaciones agrarias insisten en que estas protestas no responden a una postura ideológica, sino a la defensa de la supervivencia del sector. Alertan de que, de seguir adelante el acuerdo con Mercosur, muchas explotaciones dejarán de ser viables, lo que tendrá un impacto directo sobre el empleo, la economía regional y la cohesión territorial. Por ello, reclaman la paralización del preacuerdo y la apertura de un diálogo real con el sector antes de avanzar en su ratificación.
