Las declaraciones de la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, asegurando que en España “los okupas no existen”, han generado una fuerte polémica y reavivado el debate sobre la seguridad jurídica, la propiedad privada y la gestión de la crisis de la vivienda.
En una entrevista concedida a Onda Cero, Hernández afirmó que la okupación es “un relato de la extrema derecha y la derecha” en el marco de una supuesta “batalla cultural”, restando credibilidad a un fenómeno que preocupa a una parte significativa de la ciudadanía y que cuenta con datos policiales y judiciales contrastados.
La dirigente de Sumar sostuvo que lo que se denomina okupación responde, en realidad, a casos de familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler. Sin embargo, sus palabras han sido interpretadas por diversos sectores sociales y políticos como una minimización de un problema real, que afecta tanto a pequeños propietarios como a comunidades de vecinos.
Un discurso que ignora la preocupación social
Uno de los aspectos más controvertidos de las declaraciones de Hernández fue su afirmación de que no conoce a nadie a quien le hayan ocupado una vivienda, un argumento que para muchos analistas resulta insuficiente y alejado de la realidad, ya que la ausencia de experiencias personales no invalida la existencia de un fenómeno reconocido por fuerzas de seguridad, juzgados y administraciones públicas.
Críticos con estas declaraciones consideran que negar de forma categórica la existencia de la okupación contribuye a polarizar el debate y dificulta la búsqueda de soluciones equilibradas que protejan tanto a las personas vulnerables como a los propietarios que cumplen la ley.
Defensa de la moratoria de desahucios y contradicciones internas
La co-coordinadora de Movimiento Sumar defendió la prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre, una medida que sigue generando controversia, especialmente tras el acuerdo con el PNV que excluye de esta protección a los propietarios de una o dos viviendas.
Aunque Hernández reconoció que esta excepción no es la posición que su formación defendería, restó importancia a la cuestión señalando que se trata de casos “estadísticamente menores”. Una afirmación que también ha sido criticada por asociaciones de pequeños propietarios, que denuncian sentirse desprotegidos y relegados en el debate público.
Tensiones y mensajes dentro del Gobierno de coalición
Las declaraciones de Hernández llegan además en un contexto de debate sobre el papel de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Aunque la dirigente negó sentirse “ninguneada” por el Partido Socialista, sí dejó entrever fricciones al afirmar que “da igual” cómo se sientan, porque gran parte de las políticas progresistas proceden de los ministerios gestionados por su formación.
Estas afirmaciones han sido interpretadas como un intento de marcar perfil político propio, en un momento de redefinición del espacio de la izquierda y de preparación para las próximas elecciones generales.
Un debate abierto sobre vivienda y responsabilidad política
Preguntada por el futuro electoral, Hernández avanzó que Sumar concurrirá a las próximas generales con un proyecto de izquierdas amplio y un programa de mínimos. Sin embargo, para numerosos observadores, declaraciones como las realizadas sobre la okupación pueden dificultar ese objetivo, al alimentar la percepción de desconexión entre el discurso político y las preocupaciones reales de parte de la sociedad.
La polémica abierta tras estas palabras evidencia la necesidad de un debate más riguroso y menos ideologizado sobre la vivienda en España, que reconozca la complejidad del problema y evite afirmaciones categóricas que generan división y controversia social.
