Las organizaciones han subrayado que los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a retrocesos, y han reafirmado su defensa de los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de las identidades diversas y de todos los colectivos que históricamente han sufrido discriminación o exclusión, ha informado en nota de prensa la Coordinadora Extremeña de ONGD.
Un total de setenta organizaciones sociales han firmado un comunicado conjunto en el que instan a las fuerzas políticas de la región a «garantizar» la protección de los derechos humanos y evitar «cualquier retroceso democrático» en Extremadura.
Las organizaciones firmantes expresan su «preocupación» ante la deriva que está tomando el debate político en torno a la formación de gobierno en la Junta de Extremadura y han advertido del riesgo que supone que los derechos y las políticas sociales se sitúen en el centro de disputas de poder.
Así, en un contexto internacional marcado por una «creciente inestabilidad» y por la reaparición de conflictos armados «como forma de resolución de disputas entre Estados», las entidades han recordado que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la convivencia plural adquiere en estos momentos una «relevancia aún mayor».
En este sentido, consideran especialmente preocupante que, en el marco de las negociaciones políticas en Extremadura, determinadas políticas públicas vinculadas a derechos y garantías sociales puedan utilizarse como «instrumentos de presión política o como mecanismos de exclusión ideológica».
«La fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para restringir derechos o desmantelar políticas públicas, sino por su compromiso en protegerlos y ampliarlos», han señalado las organizaciones.
Asimismo, las entidades han recordado que la ciudadanía extremeña ejerce su derecho al voto «confiando en que las instituciones actúen con responsabilidad, defendiendo el interés general y garantizando las libertades que sostienen la convivencia democrática».
Asimismo, han advertido de que utilizar los derechos y los bienes públicos como «herramientas de imposición ideológica debilita el pluralismo democrático y erosiona la confianza» de la ciudadanía en sus instituciones.
Las organizaciones han subrayado que los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a retrocesos, y han reafirmado su defensa de los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de las identidades diversas y de todos los colectivos que históricamente han sufrido discriminación o exclusión, ha informado en nota de prensa la Coordinadora Extremeña de ONGD.
En el comunicado han recordado además que la historia reciente demuestra las consecuencias de «restringir libertades y debilitar derechos, dinámicas que degradan la democracia y abren la puerta a formas de ejercicio del poder incompatibles con los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales».
Por ello, han hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas e instituciones de la comunidad autónoma para que el debate público se desarrolle desde el «respeto al pluralismo democrático y a los derechos y libertades garantizados en el marco jurídico».
«La democracia no se negocia desde el autoritarismo ideológico ni se construye limitando derechos; se fortalece garantizándolos y defendiéndolos», han concluido.
Las organizaciones sociales de Extremadura han asegurado que no permanecerán al margen ante «ningún intento de retroceso democrático» y han reclamado responsabilidad institucional y un «compromiso firme» con la defensa de los derechos de todas las personas.
El texto está impulsado por la Coordinadora Extremeña de ONGD, en representación de sus 51 entidades socias, junto a la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura o Ecologistas en Acción de Extremadura.
Cuenta además cuenta con el respaldo de organizaciones de todo el país como La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y las coordinadoras autonómicas de ONGD de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
Al comunicado también se han adherido los grupos políticos Unidas por Extremadura, el Partido por un Mundo más Justo (M+J) y el Partido Nuevo Extremeñismo (NEx).
