EP –   Más de medio millar de personas, entre trabajadores de servicios sociales, representantes sindicales y ciudadanos,convocadas CCOO Extremadura se han concentrado en Mérida este viernes en repulsa a la «muerte evitable» de la educadora social presuntamente a manos de los menores a los que asistíaen un piso tutelado de Badajoz.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que el sindicato ha convocado esta concentración para mostrar la repulsa social ante un asesinato «que pudo haberse evitado» y para «exigir responsabilidades» y «cambios fundamentales en los servicios sociales».

«Con estas actuaciones que están ocurriendo está manifestándose el fracaso de estos servicios sociales. Necesitamos, de nuevo, que los servicios públicos sean públicos, que tengan recursos, que haya financiación suficiente, que las empresas no se vayan de rositas cuando se incumplen las normativas básicas de prevención de riesgos laborales», ha asegurado Chacón en declaraciones a los medios.

La concentración, en la que se ha leído un manifiesto y se han podido escuchar lemas como ‘Basta de precarización’ ¡Basta ya, a huelga general’, ‘Seguridad para el sector social’, ‘No más noches sola’ o ‘Somos Belén’, se ha desarrollado ante las puertas de la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura.

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

Encarna Chacón ha recalcado que el suceso en el que ha perdido la vida la educadora es un «accidente laboral», que ha llegado a sus máximas consecuencias con su muerte y, por ello, CCOO estará en la calle para exigir responsabilidades.

Así, el sindicato ha exigido el cumplimiento del convenio y poner fin a las externalizaciones de un sector que debe volver a estar «en manos de lo público» para garantizar la «calidad», las ratios, los protocolos y la salud de los trabajadores.

«Por eso estamos aquí para exigir esas responsabilidades. Nadie se puede ir de rositas de esta situación. Ha habido un asesinato, un asesinato provocado por la falta de recursos. Las licitaciones se dan a la baja, donde es imposible, en definitiva, que se refuerce el personal de las plantillas», ha aseverado Chacón.

En esta línea, ha recalcado que el sindicato exigirá a la administración que las licitaciones sean «no a la baja, sino con mayor financiación» y que el sistema vuelva a ser público. «Garantía de servicios públicos con recursos públicos. Garantía a las trabajadoras y también a los menores», ha dicho.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha insistido en que la muerte de la educadora se tiene que tratar como un «accidente laboral», donde la administración y la Inspección de Trabajo, una vez que se resuelva la cuestión penal, tendrían que intervenir para determinar si había protocolos que pudieran alertar de las situaciones de violencia en los centros o si había protocolos por parte de la Fiscalía para evitar estas situaciones.

«Las empresas tienen responsabilidades. La empresa gestionaria de este servicio no se podía permitir el tener una sola persona de noche al cuidado de las personas, en este caso menores, que evidentemente tienen unas conductas que en definitiva eran delictivas», ha subrayado.

También Chacón, en su planteamiento de que son necesarios más recursos públicos, ha exigido a la Junta que «recaude más», ya que «lo que no puede ser es lo que hacen en los presupuestos, regalos fiscales, que al final no llegan para garantizar los servicios públicos de calidad» que se necesita en la región.

AUDITORÍAS EN LOS CENTROS

La líder de CCOO en Extremadura ha asegurado que el sindicato exige que se practiquen auditorías en todos los centros de menores, pisos de cumplimiento de medidas judiciales o tutelados para ver en «qué condiciones están».

Además, ha apuntado que, ante una situación de indefensión, «lo normal» es que los trabajadores de estos recursos trasladen a través de su representación legal la situación vivida en las empresas y a la vez actuar con éstas últimas.

«Se está en precario y lo está demostrando el asesinato de esta trabajadora, de Belén. Por lo tanto, muerte evitable y por eso necesitamos responsabilidades. Que se depuren y sobre todo que se pongan, insistimos, recursos públicos. Sin financiación no se puede hacer un trabajo de calidad. Necesitamos financiación pública y en este caso el Gobierno de la Junta de Extremadura tiene que poner recursos», ha reclamado.

En la misma línea, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez, ha considerado «triste» que se haya tenido que producir la muerte de la educadora para que «tenga que haber este punto de inflexión» y «todas las aristas implicadas en este trágico suceso se pongan las pilas y se depuren responsabilidades».

«Estamos hablando de la empresa, evidentemente, que ha dejado a una persona sola en un piso de estas características. Estamos hablando de una Fiscalía que vuelve a entrar a unos niños después de una fuga al mismo recurso de donde se habían fugado. Estamos hablando de una administración que ya per se licita a la baja por miedo a que ninguna empresa asuma este servicio. Estamos hablando de un sistema de protección de menores que no estudia adecuadamente el perfil del menor para ubicarlo en el recurso adecuado», ha planteado.

De igual modo, Núñez ha hecho un llamamiento a templar los «mensajes de odio y el amarillismo generalizado» porque, en su opinión, no se le está haciendo un favor «ni a determinados menores ni a los profesionales». «Lo que hay que poner el foco es en la seguridad de las trabajadoras que trabajan en precario porque no se licita en unas condiciones realmente aceptables», ha apuntado.

UNIDAS PIDE LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

Por otra parte, el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea José Antonio González, también presente en la concentración, ha considerado que el «asesinato» de la educadora «revela la extrema precariedad» que tiene todo el sector de los servicios sociales.

Así, ha abogado por que la muerte de la educadora sirva para poner en marcha una «reforma integral» del sistema público de servicios sociales, además de considerar necesario que se haga un «análisis claro» de cómo se están haciendo las externalizaciones y qué seguimiento se practica.

«Esto tiene que servir para un punto y aparte, para dar una vuelta a cómo está funcionando el sistema público de servicios sociales, con una extrema precariedad. Evidentemente, pedimos ya una revisión urgente de las licitaciones a la baja y de la situación a día de hoy de extrema precariedad de estos recursos», ha apuntado.

En este sentido, ha informado de que su partido registrará una serie de preguntas e iniciativas para que la muerte de la educadora sea un «punto y aparte para acabar con la precariedad en el sistema público de servicios sociales» y para que los profesionales «no se sientan solos».