El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha indicado este viernes que el Gobierno extremeño trabaja para que en esta legislatura «haya un antes y un después» en materia de vivienda.
Así lo ha manifestado en Cáceres durante el acto de entrega del VII Premio Virgen de Guadalupe organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de la capital cacereña, y que en esta ocasión ha recaído en el gerente territorial del Catastro en Cáceres, Javier Fernando Díaz Martín.
Para lograr ese objetivo, el consejero ha citado alguna de las medidas que se han puesto en marcha, tales como el aval hipotecario para que jóvenes de hasta 35 años cumplidos tengan acceso a la compra de su primera vivienda, la inversión de 32 millones de euros este año para facilitar el acceso a la vivienda y alquileres asequibles, el incremento de un 50 por ciento de las ayudas destinadas a la autopromoción de vivienda y de más del 40 por ciento las relativas a la accesibilidad, sin olvidar que se ha producido el aumento de la deducción del 30 por ciento en el IRPF por concepto de alquiler de vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, familias numerosas y personas con alguna discapacidad.
«El modelo por el que apuesta el actual Gobierno extremeño es otro, porque las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, sino por equilibrar oferta y demanda», ha recalcado Martín, sino que «descansa en el establecimiento de medidas que aumenten el parque de viviendas disponibles y faciliten el acceso a las mismas, destacando entre otras: la recuperación de los estímulos destinados a facilitar la compra de viviendas, la introducción de incentivos fiscales para la promoción de nuevas unidades y la colaboración público-privada para aumentar la oferta de vivienda tanto pública como asequible».
En este sentido, ha recordado la construcción en los próximos meses de 97 viviendas públicas en 22 municipios de la región, la inmensa mayoría de ellos ubicados en el entorno rural, con una inversión de 14 millones de euros y que deben estar acabadas en el verano del año 2026.
APOYO A LOS POSTULADOS DE LOS API
Por otro lado, el consejero ha señalado que la Administración comparte buena parte de los postulados de los agentes de la propiedad inmobiliaria, tales como que las políticas en materia de vivienda no deben ser cortoplacistas, que la nueva Ley de Vivienda no soluciona los problemas del sector ni tampoco de los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda; y, sobre todo, que hace falta un presupuesto mucho mayor para poder dar respuesta a esos problemas.
«No es de recibo que el plan estatal de vivienda 2022-2025 tenga la mitad de presupuesto que el plan de hace veinte años, cuando la situación del mercado de la vivienda y la necesidad de vivienda es muy distinta», ha subrayado. Como tampoco lo es fijar un precio de referencia al alquiler. «Eso es del todo intervencionista. Las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y Extremadura no tiene la obligación de tener en cuenta esos precios de referencia, que son orientativos», ha insistido el consejero.
El modelo por el que apuesta el actual Gobierno extremeño es otro, ha reiterado, «porque las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, sino por equilibrar oferta y demanda».
Además, ha manifestado que la Junta estudiará la demanda de este colectivo de contar con un registro público de profesionales que permita a la ciudadanía consultar si un agente cumple con unas garantías mínimas.
Manuel Martín ha destacado la labor que realizan los agentes de la propiedad inmobiliaria, que son un eslabón fundamental en la cadena del sector de la construcción y del mercado inmobiliario, y sus propuestas y demandas deben ser tenidas en cuenta por quienes tienen responsabilidades públicas. Por ello, ha comentado que tendrán siempre las puertas de la Consejería abiertas para escucharlos.
El consejero ha estado acompañado en el acto por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.