La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compra-venta de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia, ya que según sus cálculos los viticultores afrontan pérdidas de hasta 1.200 euros por hectárea en la cosecha más corta y cara de la última década.

Obviando la incuestionable subida de los costes de producción para el viticultor y la reducción de cosecha prevista, (la más baja de los últimos 10 años tal y como se observa en el gráfico), los precios de la uva ofertados se sitúan claramente por debajo de los costes, incumpliendo la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022.

Con estas cotizaciones, según los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, un viticultor tipo perdería de media en torno a los 900 euros por hectárea en el caso de uva blanca airén y 1.200€ en tinta tempranillo. Los costes de producción se elevan a 0,43€/kg para la variedad blanca airén y 0,52€/kg para la tinta tempranilla, muy por encima de los precios presentados (0,20€/kg para blanca airén y 0,36€/kg para tinta tempranillo).

“Es intolerable que las grandes bodegas se salten a la torera la Ley de la Cadena Alimentaria y obliguen a los agricultores a vendimiar a pérdidas. No vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Sacar adelante uvas de calidad no se puede hacer a cualquier precio”, ha subrayado el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaino.

COAG ha habilitado en su portal web un buzón digital de denuncias sobre posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. De esta manera, cualquier agricultor/a puede ponerse en contacto con los expertos jurídicos de COAG para trasladarles la potencial infracción. El equipo técnico de esta organización estudiará cada caso y, si observan indicios suficientes, tramitará en tiempo y forma la denuncia correspondiente ante la AICA, lo que permitirá al afectado ampararse en el anonimato frente a la otra parte.

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