La investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas, ocurrida en 2017 en la localidad pacense de Hornachos, ha vivido en los últimos días uno de los momentos más intensos desde que el caso volviera a reactivarse judicialmente. La comparecencia de dos hermanos vecinos de la desaparecida —que han pasado recientemente de la condición de testigos a investigados— ante la Guardia Civil en el cuartel de Zafra ha generado un profundo impacto social en la localidad y ha provocado un giro en la estrategia de defensa de los implicados.

Tras dos jornadas marcadas por largas declaraciones, tensión mediática y reclamaciones legales, los investigados abandonaron finalmente las dependencias policiales en libertad, sin medidas cautelares y acogiéndose a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario del procedimiento.

Reapertura mediática y judicial de un caso que sigue sin resolverse

La desaparición de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos, se produjo en mayo de 2017 y desde entonces se ha considerado por los investigadores una desaparición de alto riesgo. A lo largo de casi nueve años de investigación, el caso ha pasado por distintas fases, registros domiciliarios, toma de declaraciones y diversas líneas de investigación, sin que hasta la fecha se haya logrado esclarecer qué ocurrió con la mujer.

En los últimos meses, la investigación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha experimentado un nuevo impulso. Como consecuencia de las diligencias practicadas, dos vecinos de la localidad —hermanos y residentes cerca del domicilio de Cadenas— han pasado de ser testigos a investigados dentro del procedimiento judicial.

Este cambio de estatus procesal ha provocado una notable conmoción en Hornachos, donde el caso ha vuelto a ocupar el centro del debate social y mediático.

Primera jornada de declaración: más de seis horas y cerca de mil preguntas

La primera comparecencia tuvo lugar el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Uno de los investigados fue interrogado durante aproximadamente seis horas, respondiendo —según su defensa— a cerca de 1.000 preguntas formuladas de diferentes maneras por los investigadores.

El abogado defensor, José Duarte, aseguró que su cliente mantuvo en todo momento una declaración coherente y congruente con la que ya había prestado hace casi nueve años.

Según explicó el letrado ante los medios de comunicación:

  • No se produjo ninguna contradicción en el relato.

  • No se aportó ningún dato incriminatorio durante el interrogatorio.

  • Las respuestas coincidieron con las versiones ya ofrecidas en 2017.

Tras esa primera jornada de interrogatorio, el investigado abandonó el cuartel sin ser detenido, lo que, según su defensa, evidenciaría que no existen indicios suficientemente sólidos para adoptar medidas cautelares contra él.

Cambio de estrategia de la defensa

La situación dio un giro en la segunda jornada de comparecencias. El abogado de los investigados reclamó formalmente a los agentes conocer los elementos esenciales de la investigación que justifican el cambio de estatus procesal de sus clientes.

Duarte manifestó públicamente su preocupación por el hecho de que sus defendidos hayan pasado de testigos a investigados sin que, según afirma, se les haya comunicado con claridad qué indicios concretos existen contra ellos.

En declaraciones ante los medios en el cuartel de Zafra, el abogado explicó:

  • que sus clientes están dispuestos a colaborar con la investigación,

  • que han acudido voluntariamente a declarar,

  • pero que no pueden ejercer su derecho a defensa sin conocer los hechos que se les imputan.

Ante esta situación, la defensa decidió modificar su estrategia y los investigados optaron finalmente por acogerse a su derecho constitucional a no declarar hasta disponer de más información.

El secreto de sumario condiciona las declaraciones

Uno de los elementos clave del procedimiento es que el caso continúa bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso de las defensas a la información recabada durante la investigación.

Según explicó Duarte, los agentes de la Guardia Civil facilitaron ciertos datos que consideraban suficientes dentro de los límites legales del secreto, pero la defensa los calificó de “demasiado genéricos” para poder ejercer una defensa material efectiva.

Entre la información facilitada —según el abogado— habría principalmente:

  • referencias a declaraciones testificales,

  • elementos de investigación preliminar,

  • pero sin indicios concretos que vinculen directamente a los investigados con la desaparición.

Por ello, los investigados decidieron suspender sus declaraciones hasta que el secreto de sumario sea levantado y puedan conocer el contenido completo de las diligencias.

Salida del cuartel en libertad y sin medidas cautelares

Tras finalizar la segunda jornada de comparecencias, los dos investigados abandonaron el cuartel de la Guardia Civil de Zafra en libertad y sin medidas cautelares.

El abogado subrayó que esta circunstancia es significativa desde el punto de vista procesal, al considerar que si la UCO hubiera encontrado un indicio sólido contra ellos, se habría procedido a su detención.

En palabras del propio Duarte:

“Si este grupo tan especialista en este tipo de investigaciones hubiera encontrado un indicio lo suficientemente potente, no tengan ninguna duda de que los dos habrían quedado detenidos”.

A pesar de acogerse a su derecho a no declarar en esta fase, los investigados han reiterado su disposición a seguir colaborando con la investigación cuando se levante el secreto de sumario.

Disposición a nuevos registros

Durante las declaraciones públicas, la defensa también señaló que no se opondrán a nuevas diligencias si los investigadores lo consideran necesario.

En particular, Duarte recordó que la vivienda de los investigados ya fue registrada hace nueve años, inmediatamente después de la desaparición de Francisca Cadenas.

En aquel momento —según la defensa— los propietarios permitieron voluntariamente la entrada de los agentes sin exigir orden judicial.

Ahora, el abogado asegura que mantienen la misma actitud:

  • si la UCO decide realizar nuevos registros,

  • las puertas del domicilio estarán abiertas.

Convulsión social en Hornachos

La reactivación del caso ha generado una fuerte repercusión en la vida social de Hornachos. Según la defensa, el paso de los vecinos de testigos a investigados ha provocado una auténtica “convulsión” en la localidad.

Las redes sociales y las conversaciones en el municipio se han llenado de comentarios, rumores y especulaciones sobre el caso.

Ante esta situación, el abogado ha denunciado la existencia de “difamaciones tremendas” que, a su juicio, están afectando gravemente a la reputación de sus clientes.

Posibles demandas por difamación

La defensa ha anunciado que está estudiando la presentación de demandas civiles por difamación contra aquellas personas que, tanto en redes sociales como en el ámbito local, hayan realizado acusaciones o insinuaciones contra los investigados.

El abogado recordó que, a día de hoy, no existe una acusación formal ni pruebas concluyentes que vinculen a sus defendidos con la desaparición.

Por ello insiste en que deben ser tratados como presuntos inocentes hasta que la investigación determine responsabilidades.

Además, advirtió de que las reclamaciones civiles por daños al honor pueden ser económicamente muy costosas para quienes hayan difundido acusaciones sin pruebas.

La UCO y la continuidad de la investigación

Pese a las críticas sobre el tratamiento procesal de sus clientes, Duarte también quiso destacar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que calificó como una de las unidades de investigación más rigurosas de España.

No obstante, el abogado consideró que el tiempo dedicado a investigar a sus clientes podría estar desviando recursos que deberían dirigirse hacia otras líneas de investigación o posibles responsables.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta y bajo secreto de sumario.

Un caso que sigue sin respuestas nueve años después

La desaparición de Francisca Cadenas continúa siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes de Extremadura. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue oficialmente catalogado como desaparición de alto riesgo, sin que se haya confirmado un delito de homicidio o asesinato.

Nueve años después de los hechos, la incertidumbre permanece:

  • la investigación sigue activa,

  • existen nuevas diligencias en marcha,

  • y el foco vuelve a situarse sobre personas del entorno cercano de la desaparecida.

Mientras tanto, la familia de Francisca Cadenas continúa esperando respuestas que permitan esclarecer definitivamente qué ocurrió aquella noche en Hornachos.

Foto. J.V. Arnelas