El día 31 de julio de 2023, a las 20h en la Casa de la Cultura de Villagonzalo, tendrá lugar un Acto cívico de homenaje a Manuel y Salvador junto con familiares, amigos, vecinos y asociaciones de memoria histórica.

El hijo de Manuel del Amo, Pedro del Amo (cuya muestra de ADN ha sido primordial en el proceso de identificación) con 95 años, verá descansar los restos de su padre en el cementerio del pueblo que lo vio nacer, acompañado de sus seres queridos. Una vez realizado el acto de homenaje, a las 21h los restos de Manuel serán trasladados y reinhumados en el cementerio de Villagonzalo y los de Salvador al día siguiente 1 de agosto de 2023, lo serán en el cementerio de Badajoz donde descansa su esposa.

Ambos eran campesinos, humildes y de izquierdas. Manuel fue condenados a muerte (y posteriormente le fue conmutada la última pena por la de 30 años de prisión), por ser afín al gobierno legítimo de la II República. Salvador corrió una suerte similar, condenado a 20 años de prisión por «Auxiilio a la Rebelión». Después de pasar por varias instituciones penitenciarias en Extremadura (Castuera, Mérida, Cáceres), ambos fueron trasladados a la Prisión Central de Orduña (Vizcaya) para cumplir su pena.

Salvador tenía 52 años cuando murió el 13 de marzo de 1941, estaba casado con Dionisia Donoso y tenía tres hijos. Su hermano Manuel murió un mes después, con 48 años, el 5 de abril de 1941. Oficialmente, la causa de la muerte fue “miocarditis”, pero en realidad fue por “avitaminosis” (enfermedad producida por la falta o escasez de vitaminas, es decir, por hambre). Anteriormente, la esposa de Manuel, Antonia Cano Castañeda, había sido fusilada el 26 de septiembre de 1936 junto a otras mujeres, siendo “desaparecida” en las tapias del cementerio de Villagonzalo tras la ocupación franquista de la localidad. Con la muerte de Manuel, dejaron huérfanos (y pobres, tras incautarles sus bienes por la Ley de responsabilidades políticas) a cuatro hijos de corta edad en un ambiente hostil. Pedro es el único de ellos que vive.

Más de la mitad de los 4.000 presos que pasaron por la Prisión Central de Orduña eran extremeños. Esta prisión franquista se levantó en 1937 en el Colegio de los Padres Jesuitas, primero para albergar a prisioneros de guerra leales a la República y después, a partir de 1939, para todo tipo de presos que fueran calificados por los fascistas como desafectos al régimen. Las condiciones de vida eran inhumanas: torturas, hambre, humillaciones, esclavitud y muerte.

La mayor parte de los presos extremeños provenían del campo de concentración de Castuera (Badajoz) y del campo de concentración de Santo Domingo (Mérida), de los cuales al menos 127 fallecieron en la prisión desde su llegada hasta 1941, según el registro de aquella. Después de identificarse los restos, gracias a la colaboración de las familias y de la labor de Gogora – Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por fin dos de aquellos extremeños, los hermanos Manuel y Salvador del Amo Jiménez, vuelven a su pueblo, Villagonzalo (Badajoz).

El acto ha sido organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tierra de Barros (AMHD) y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca (ARMH-Mérida y comarca), junto con los familiares de Manuel y Salvador. En el proyecto han colaborado el Ayuntamiento de Villagonzalo, el PREMHEx (Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura –Consejería de Cultura, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con la UEX), así como Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que se ha encargado de todo el trabajo de exhumación e identificación de los restos de las víctimas, así como de su entrega a los familiares.

Al día siguiente, 1 de agosto de 2023, se llevará a cabo el entierro y homenaje a Salvador, en el Cementerio de San Juan de Badajoz (viejo), a las 11 horas.

Este tipo de actos, en cumplimiento de las leyes de memoria histórica regional y estatal, sirven para cerrar heridas y dar un merecido reconocimiento público a familiares y víctimas: Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.