EP – Los cuatro centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual en Extremadura han recibido 125 llamadas y han realizado 21 intervenciones con víctimas desde su puesta en marcha el pasado 31 de diciembre de 2024.
Así lo ha avanzado la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera, durante su intervención en respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, formulada por el Grupo Socialista, sobre la gestión de los cuatro centros habilitados en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.
Una gestión sobre la que Sánchez Vera ha argumentado los motivos por los que el Ejecutivo regional se ha decantado por la empresa pública GPEx, por un importe de 1,3 millones para los años 2025 y 2026, principalmente porque la relación de puestos de trabajo de la Junta impide la prestación de este servicio 24 horas los 365 días al año, mientras que la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista ha considerado que el servicio debería ser asumido directamente por personal de la Administración autonómica.
«El servicio se está prestando de forma ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 2024», ha señalado Sánchez Vera, quien ha detallado que forman parte del mismo 20 profesionales adscritos a los cuatro centros, y que lo están haciendo presencialmente en los centros de Cáceres y Plasencia desde el mismo 31 de diciembre de 2024, y en Badajoz desde el pasado 13 de febrero.
En el caso de Mérida, se realizará, según se ha acordado con la empresa adjudicataria de las obras de adecuación del espacio, a partir del próximo 28 de febrero de 2025.
«Extremadura ha cumplido. Por supuesto que ha cumplido, ha puesto en marcha los centros de crisis», ha replicado Sánchez Vera a las acusaciones de «falta de palabra y compromiso» por parte de la diputada socialista.
«Se está dispensando de forma normalizada la atención a las víctimas de forma presencial en Cáceres, Badajoz y Plasencia y de forma telemática desde Mérida», ha reiterado, para añadir que «se han habilitado los espacios adecuados» cuando una víctima ha requerido intervención presencial en Badajoz y Mérida durante este periodo.
Con respecto a la gestión, ha dicho que se ha optado por la encomienda a la empresa Gestión Publica de Extremadura (GPEx) por tratarse de una corporación pública «al servicio de la Junta» y que, como «ventaja», además de su «amplia y dilatada experiencia», se encuentra que la relación de puestos de trabajo de la Junta de Extremadura hace «absolutamente inviable» que asuman los propios funcionarios de la administración autonómica la realización de esos trabajos.
En primer lugar, por las titulaciones que se requieren y, en segundo, porque «no se puede prestar 24 horas 365 días al año un servicio por parte de funcionarios de la Junta», que además «no son personal médico».
EXTREMADURA «NO HA CUMPLIDO»
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, como autora de la pregunta, ha argumentado el motivo de esta pregunta en las «dudas» generadas por la anterior comparecencia de Sánchez Vera hace un mes, debido a la «falta de palabra y compromiso» de la secretaria general, que es «común al gobierno regional, empezando por su presidenta, María Guardiola», ha asegurado.
Así lo ha dicho después de escuchar durante «meses» que estos cuatro centros estarían en marcha «en tiempo y forma», si bien Badajoz, hasta la semana pasada, y Mérida al menos hasta el próximo 28 de febrero, están prestando atención «en modalidad de teletrabajo».
«Extremadura no ha cumplido» con la puesta en marcha de los centros de crisis, ha reprochado Vega, para añadir que, en este caso, ha «cubierto el expediente».
Por otro lado, tras mostrar su desacuerdo con la ubicación del espacio de Mérida, en los «sótanos del hospital», ha preguntado a Sánchez Vera sobre la resolución de los «graves problemas» del sistema de gestión de llamadas, y sobre si se han mejorado los sistemas de coordinación con otros recursos de la Junta de Extremadura.
Finalmente, ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene «absolutamente nada en contra de GPEX», pero ha vuelto a reclamar que este servicio sea «asumido por personal de la Junta de Extremadura», que accede a su puesto en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, pero sobre todo por la «estabilidad de los puestos de trabajo teniendo en cuenta la atención que desarrollan». «Los centros de crisis no son un servicio público cualquiera, es un servicio público de primer nivel», ha remarcado Vega.
