El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto ley por el que se modifica la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), con la que acelera sus previsiones en cuanto a la agilización de plazos administrativos, que puede llegar hasta un año gracias a que los pequeños ayuntamientos no tendrán que modificar sus planes generales para otorgar licencias para una casa rural o para la instalación de una planta de energía solar. Asimismo, esta modificación también afecta a la regularización de asentamientos de viviendas en suelo rústico, entre las que la consejera de Ordenación del Territorio, Begoña García Bernal, se ha referido a casos específicos de Badajoz y Plasencia, cuyos ayuntamientos podrán aprobar planes especiales que permitirán también acortar los plazos.

De esta forma, actividades como casas rurales, industria agrícola, actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw y residenciales autónomos, entre otras, son usos “compatibles” y que pueden ser permitidos en el medio rural, contribuyendo de esta forma a fijar la población al territorio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes, García Bernal ha defendido que este decreto pretende establecer una serie de medidas en materia urbanística destinadas a “dinamizar el tejido económico y social” y para afrontar los efectos negativos” de la pandemia del coronavirus. Asimismo, ha subrayado que esta modificación atiende una demanda de los ayuntamientos que, en la situación actual, ven “inviable” la adaptación de sus planes urbanísticos a la Lotus, una ley aprobada en 2018 que pretende guardar el “equilibrio entre lo rural y los urbano” y que se fundamenta en una “utilización racional de los recursos”.

En resumen, ha manifestado García Bernal, actividades como casas rurales, industria agroalimentaria, actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw, residenciales autónomos, se consideran usos que son compatibles y pueden ser permitidos en el medio rural y sirven para fijar población al territorio.

La consejera ha subrayado la importancia del sector agroalimentario, del turismo y de las energías renovables como “tridente” que debe impulsar la economía de Extremadura, y son esos sectores, ha dicho, los que más se verán beneficiados por la puesta en marcha de estas medidas.

Asimismo, ha destacado el papel que tienen la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la fijación de la población al territorio como ejes principales del gobierno regional.

“Vamos a facilitar y acortar al máximo los plazos”, ha asegurado, para que cuando decaiga el estado de alarma puedan comenzar obras y proyectos durante el verano y a lo largo de este año 2020.

La consejera ha reiterado que, una vez concluidos el estado de alarma y la fase de desescalada, y ya en la situación de “nueva normalidad”, al igual que mucha gente ha estado trabajando en el cuidado de la salud de las personas, será necesario trabajar también por la salud de la economía.

AGENDA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, en la sesión del Ejecutivo se ha abordado la puesta en marcha de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura tras la crisis del Covid-19, que implicará la participación de administraciones públicas, sociedad civil, partidos políticos, agentes sociales y económicos y Universidad de Extremadura, según ha explicado García Bernal.

La consejera ha destacado la relevancia de la crisis global que ha provocado la pandemia del Covid-19, que puede ser “la mayor de nuestra época”, y ha insistido en que la orientación que se dé ahora a las políticas sociales y económicas “van a marcar el futuro de nuestro tiempo”.

Begoña García ha explicado que la agenda contempla tres ámbitos de diálogo, el primero de ellos con la sociedad civil, el segundo con patronal y sindicatos en el marco de la concertación social, y el tercero con los grupos parlamentarios en el seno de una comisión no permanente en la Asamblea de Extremadura.

En primer lugar se plantea la necesidad de “escuchar a la sociedad civil”, en lo que sería el punto de partida cara a la concertación con los agentes sociales y económicos. De esta negociación saldrá un acuerdo que se enviará a la Asamblea de Extremadura para que se pueda abrir un trámite de debate, con enmiendas, propuestas y votación final.

Todo ello, ha indicado, mediante “el diálogo y la transparencia” que caracterizan la forma de actuar del gobierno que preside Guillermo Fernández Vara.