Unidas por Extremadura preguntará por qué va a hacer la Junta para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, mientras que el PSOE preguntará por las medidas que impulsará el Ejecutivo regional para ayudar al campo.

La situación del campo, las listas de espera sanitarias o la evolución de la ocupación y la afiliación a la Seguridad Social en la región serán algunos de los asuntos que centren este jueves, 22 de febrero, el próximo pleno de la Asamblea de Extremadura.

La sesión, que se iniciará a las 09,30 horas, finalmente no incluirá una declaración institucional en la que estaban trabajando los grupos en materia de financiación autonómica, según se recoge en el orden del día del pleno, que comenzará con las preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Así, Unidas por Extremadura preguntará por qué va a hacer la Junta para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, mientras que el PSOE preguntará por las medidas que impulsará el Ejecutivo regional para ayudar al campo.

Por su parte, y en el turno de las preguntas al Consejo de Gobierno, Unidas por Extremadura preguntará por cómo valora la Junta de Extremadura el proyecto de universidad privada en Badajoz.

Asimismo, el PSOE lo hará por las medidas que va a tomar la Junta para impulsar el acuerdo entre productores e industria del tomate y por las causas a las que atribuye la Junta la pérdida, en Extremadura, de más de 8.000 afiliados a la Seguridad Social y la subida del paro en 3.000 personas el pasado enero.

Del mismo modo, comparecerán a petición propia la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, para informar sobre las listas de espera sanitaria del segundo semestre de 2023 y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, para abordar la evolución de la ocupación y la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura.

También tendrá lugar una interpelación, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de exportaciones y una moción subsiguiente a interpelación, por parte de Unidas por Extremadura, sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de Extremadura, a la que el PSOE ha presentado una enmienda de sustitución.

En el turno de las propuestas de impulso, Unidas por Extremadura instará a la Junta a apostar por medidas que controlen el desequilibrio existente entre oferta y demanda en el sector productor, agrícola y ganadero, dotando presupuestariamente las posibles pérdidas.

Además de simplificar los trámites burocráticos, priorizar líneas de ayudas a explotaciones familiares, elaborar un Plan de Rescate Agrario integral, facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, replantear la instalación de energías renovables, negociar la reforma de la PAC y contribuir a la «efectiva aplicación» de la Ley de Cadena Alimentaria.

Por su parte, el PSOE, a través de otra propuesta de impulso, instará a la Junta a incrementar la dotación presupuestaria del Fondo Regional de Cooperación Municipal en 50 millones de euros, utilizando para ello los «ingresos no incorporados» al presupuesto regional procedentes del Sistema de Financiación Autonómica y la supresión de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Así como transferir a todas las entidades locales de Extremadura el equivalente a los fondos necesarios para cumplir con el superávit del 0,2 por ciento en las cuentas públicas de 2024

Finalmente, Vox, a través una propuesta de pronunciamiento, instará al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para mejorar la calidad de la Asistencia Jurídica Gratuita para los justiciables y para los profesionales del derecho que ejercen el turno de oficio, iniciativa que cuenta con una enmienda de adición y modificación presentada por el PP.

Unidas por Extremadura, con otra propuesta de pronunciamiento, instará al Gobierno de España a adherirse a la demanda interpuesta por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra el Estado de Israel por el incumplimiento de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio hacia la población palestina.