La paralización de construcción, medida adoptada por el Gobierno central, divide a sindicatos y patronal en Extremadura, pues los primeros han mostrado su apoyo mientras que los empresarios critican la falta de previsión y de medidas para contrarrestar el freno a la actividad en la región, donde 79 % de las obras no tenía un carácter urgente o un interés general.

La paralización de este sector deja sin trabajo a unos 21.000 profesionales, 5.000 de ellos autónomos, en Extremadura, según datos de UGT, sindicato que, no obstante, sostiene que “no era de recibo que siguieran en la calle con los riesgos actuales”.

Su responsable regional del Área de Construcción, Miguel Talavera, ha remarcado a EFE que si “ya cuesta trabajo que se cumplan las leyes de Riesgos Laborales, más ahora con los riesgos por la actual crisis sanitaria”.

No obstante, el sindicato considera que la paralización de la construcción pronostica “un periodo pésimo, desde la conclusión del confinamiento hasta al menos el final de año”, especialmente para un sector que “comenzaba a repuntar” en esta comunidad autónoma tras la anterior crisis económica.

A ello se añade, ha expuesto, que los recursos de las administraciones públicas quedarán mermados para acometer obra pública, así como la capacidad de los ciudadanos para adquirir una vivienda o de las empresas para construir nuevas instalaciones.

El “frenazo” podrá ser más significativo en territorios como Extremadura, ha dicho Talavera, pues en esta comunidad el sector comenzaba ahora a repuntar tras la reducción de la actividad como consecuencia de la anterior crisis económica.

Por su parte, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (PYMECON) considera “inasumibles” las nuevas medidas adoptadas “unilateralmente” por el Gobierno para atajar el avance del coronavirus y ha pedido una moratoria para poder gestionar “este nuevo escenario”.

La patronal considera que el Decreto 463/2020 aprobado el pasado 14 de marzo no incluyó a las empresas del sector de construcción y afines en la lista de actividades de obligado cierre, “lo que ha impedido que todas sus empresas pudieran acogerse a ERTEs considerados de fuerza mayor”.

También ha criticado la decisión de que no se considere justificado el despido objetivo derivado de la crisis económica y sanitaria, así como la prórroga automática de los contratos temporales, la imposición de un permiso retribuido para todos los trabajadores hasta el 9 de abril e impedir toda actividad laboral no esencial.

A juicio de PYMECON, estas medidas “suponen una vuelta de tuerca y un torpedo en la línea de flotación de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos en general y que en Extremadura representan prácticamente el 99 % de todo el tejido empresarial”.

“Obligan a las empresas a hacerse cargo de todo los costes salariales que se generen, aun cuando en este contexto las empresas no van a poder ingresar un solo euro, lo cual es absolutamente inasumible, y conllevará a la desaparición de un gran número de ellas que se van a ver abocadas al cierre”, han advertido.

El 79 % de las obras en Extremadura no tenía un carácter urgente o un interés general, según datos del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que respalda la decisión del Gobierno de paralizar las actividades no esenciales, entre las que se encuentra la construcción.

Hasta la decisión del Gobierno de paralizar nuevas actividades no esenciales, como la construcción, adoptada este pasado domingo, en Extremadura un 34 % de las obras ya habían sido paralizadas frente a un 66 % que seguían activas.

De estas últimas, el 79 % eran obras que se podrían paralizar mientras que un 21 % eran de interés general, según el CGATE.