EFE.- La mina de litio de Cáceres aportará 114 millones al año a las arcas autonómicas, según expertos de la Universidad de Extremadura (UEx).
La promotora de la mina de litio subterránea en el valle de Valdeflórez, Extremadura New Energies (ENE), ha hecho público el estudio, que cifra en más de 1.500 los empleos directos e indirectos que se generarán su entorno durante los más de 25 años de actividad.
El informe lo dirigió Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación Territorial de la UEx.
Y contó la participación de la catedrática de Economía Inmaculada Carrasco y el doctor en Ingeniería Ambiental Jacinto Garrido.
Además de los economistas Marcos Carchano y Carmen Córcoles y el geógrafo Raúl Bravo.
La economía cacereña
Según el informe, tanto la capital cacereña como la provincia “necesitan un impulso urgente para evitar el colapso al que está abocada a corto plazo, si no se interviene de manera decidida”.
Hace referencia así a su modelo de crecimiento, basado en el “predominio abrumador e insostenible de la administración pública”.
En este escenario, se insta a crear un “distrito industrial” para agrupar empresas en clústeres.
Se muestran convencidos de que Cáceres es la ciudad “idónea para pilotar el cambio de modelo tradicional y obsoleto, también en toda su provincia, a otro vinculado a la creación de un entorno favorable a la innovación, a la creatividad y las nuevas fuentes energéticas”.
La descarbonización
También aseveran que Cáceres “puede y debe liderar la transición energética hacia la descarbonización”.
Para ello debe aprovechar los recursos de la mina de litio, ya que hay numerosos proyectos que se están desarrollando en Extremadura ligados a las energías limpias que necesitan ese mineral.
El informe valora también la “minería de mínima invasión como la proyectada para Valdeflórez”, que “minimiza el impacto en los agrosistemas circundantes”.
En concreto, señalan como ventajas de esta explotación subterránea la reducción del impacto paisajístico y la menor generación de residuos sólidos.
Además de la escasa alteración de los cuerpos de agua y la menor contaminación atmosférica.
También apuntan a una restauración ambiental “más fácil de ejecutar” y al hecho de que “no haya alteraciones significativas de hábitats”.
La Junta de Extremadura lo declaró de interés autonómico.
