La Junta se reunió ayer con los representantes del 95% de las empresas licitadoras, para intentar alcanzar un acuerdo y dar solución al «chantaje» planteado por una minoría de empresas, según denuncia el propio gobierno regional.
A solo 24 horas del inicio del nuevo curso escolar. Ayer La Junta de Extremadura convocó una nueva licitación, décima ya, para cubrir las 242 rutas escolares que quedaron desiertas en el primer proceso. Rutas que darían servicio a unos 7.000 alumnos. Las empresas interesadas tenían de plazo hasta las 12 de la pasada medianoche para presentarse, y está previsto que esta mañana se resuelva el proceso que garantiza la prestación del servicio al completo.
Y es que, en esta clave, ayer La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto con la consejera de educación, Mercedes mantuvieron una reunión con las empresas de transporte escolar que suscribieron el año pasado ese acuerdo de mejora en los contratos de licitación, que incluía un incremento del 20% en las cantidades, gracias a un aumento presupuestario de 16 millones. Se reunían con representantes del 95% de esas empresas firmantes que si cumplían con lo acordado y licitaban a esas rutas de transporte escolar para el próximo curso.
La problemática que obligaba a esa “licitación express” en la jornada de ayer, llega por la negativa de una minoría de empresas, un 5% de los firmantes del acuerdo del pasado año, que no han concursado a esas más de 240 rutas, y las cuales fueron denunciadas el pasado viernes por el gobierno regional, exigiéndose cautelares. Tal y como informó ayer la consejera portavoz Elena Manzano, se está trabajando para garantizar el transporte a partir de mañana jueves, apuntándose a que existen distintas vías jurídicas para poder asegurar las mismas y no ceder, a lo que consideran un chantaje por parte de esas empresas discolas.
El secretario de Educación del PSOE de Extremadura, Francisco Javier Amaya, ha considerado que el Gobierno de María Guardiola busca «improvisar» un contrato en 24 horas para un servicio «esencial» y «consolidado» como el del transporte escolar para tapar su «incompetencia» en la gestión de esta materia. También acusaban de falta de previsión y de causar una importante incertidumbre a las familias los portavoces de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel y Óscar Fernández de Vox. Mientras, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que la Junta de Extremadura con su denuncia relacionada con las rutas de transporte escolar en la región está «protegiendo» el derecho de todos los alumnos a poder tener una educación «digna».
