EP – La Junta de Extremadura sigue manteniendo, tal y como ya defendió el pasado mes de julio la presidenta María Guardiola, que «no es una prioridad ni está sobre la mesa» la derogación de la actual Ley de Memoria Histórica de la comunidad, así como que lo que sí es «prioritario» es «respetar los derechos de todas las víctimas».
La Junta de Extremadura sigue manteniendo, tal y como ya defendió el pasado mes de julio la presidenta María Guardiola, que «no es una prioridad ni está sobre la mesa» la derogación de la actual Ley de Memoria Histórica de la comunidad, así como que lo que sí es «prioritario» es «respetar los derechos de todas las víctimas».
Así, defiende que el «foco» se debe mantener en la inversión en recursos en políticas y programas que «honren» la memoria de «todas» las víctimas, y sigue trabajando «con muchísimo respeto» en una temática para la que «no se ha quitado ni un solo euro», ha espetado la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, Adela Rueda, en respuesta a una pregunta del PSOE este viernes en una comisión en la Asamblea.
A su vez, el diputado del PSOE Ricardo Utrera Fernández ha pedido a la Junta de Extremadura «respeto» y que deje de «manosear y mercadear» con los «derechos humanos» que suponen la Memoria Histórica y Democrática y que, en consecuencia, no derogue la actual norma sobre dicha materia y que, además, la desarrolle.
Tras recordar que el PP votó en contra de la actual Ley de Memoria Histórica de Extremadura, así como que en su programa electoral llevaba su derogación, al igual que lo incluía en uno de los puntos del acuerdo de gobierno con Vox de inicio de esta legislatura, ha considerado que la Junta debería dejarse de «juegos» y aclarar si pretende derogar aunque sea «más adelante» dicha norma, así como si tiene intención de aprobar una Ley de Concordia que, a su juicio, «es vergonzosa, insultante y humillante para las víctimas».
Con ello, la directora general ha afirmado que la Junta quiere que el «foco» se mantenga en la inversión de recursos en políticas y programas que «honren» la memoria de «todas» las víctimas.
De este modo, ha señalado que la Junta cree en la «importancia» de proporcionar «apoyo tangible» con, por ejemplo, el germen de un banco de ADN extremeño, la colaboración institucional fuera de la región o los análisis genéticos «precisos», además de una política de exhumación «eficaz, seria y en total armonía con familiares y asociaciones».
También ha destacado que se presta «atención directa» a todos aquellos que se acercan al Gobierno de Extremadura a solicitar información sobre algún familiar.
«La historia no se borra, pero sí podemos influir en cómo la enfrentamos. En lugar de debates que reabran heridas, nuestra intención es buscar y encontrar acciones que sanen, que construyan puentes y que, finalmente, refuercen el tejido social que nos une a todos los españoles y a todos los extremeños. Nuestro compromiso es la justicia, la memoria y la dignidad de todos», ha subrayado.
FONDOS PROPIOS
Asimismo, ha reconocido que el dinero que se invierte en Memoria Histórica en la región procede del Gobierno central pero en su «mayor parte» de fondos propios, y ha recordado que con ello la Junta está desarrollando cuestiones que en la anterior legislatura no se aplicaban, como por ejemplo un banco de ADN o análisis genéticos.
Asimismo, ha afirmado que desde que gobierna María Guardiola en Extremadura «no se ha quitado ni un solo euro dedicado a la memoria histórica y democrática de esta región, ni un solo euro». «Es verdad que hubo cambios en la denominación de los proyectos, pero ni un solo euro (se ha quitado)», ha espetado.
«Me consta que tanto la presidenta como la consejera tratan este tema con el mismo respeto que lo estamos haciendo todos desde dentro, y estamos trabajando todos para que esa dignificación sea justa, y sea el día a día de nuestro trabajo», ha insistido.
EL PSOE PIDE RESPETO Y QUE NO SE DEROGUE LA LEY
A su vez, el diputado del PSOE Ricardo Utrera Fernández ha pedido a la Junta de Extremadura «respeto» y que deje de «manosear y mercadear» con los «derechos humanos» que suponen la Memoria Histórica y Democrática y que, en consecuencia, no derogue la actual norma sobre dicha materia y que, además, la desarrolle.
Tras recordar que el PP votó en contra de la actual Ley de Memoria Histórica de Extremadura, así como que en su programa electoral llevaba su derogación, al igual que lo incluía en uno de los puntos del acuerdo de gobierno con Vox de inicio de esta legislatura, ha considerado que la Junta debería dejarse de «juegos» y aclarar si pretende derogar aunque sea «más adelante» dicha norma, así como si tiene intención de aprobar una Ley de Concordia que, a su juicio, «es vergonzosa, insultante y humillante para las víctimas».
En este punto, el socialista ha considerado que para la posible derogación de la actual ley autonómica la Junta «no esperaba encontrar una oposición tan fuerte no sólo en sede parlamentaria, sino también en la calle, en la sociedad civil, con las asociaciones de memoria, con las asociaciones de víctimas, con el propio Tribunal Constitucional o con Naciones Unidas»; algo que a su juicio sin ser «suficiente» podría parecer que lleva a la Junta a «retrasar» la derogación.
Así, ha remarcado que «gracias a esta oposición parece que han surgido dudas» en el Gobierno autonómico y que en su posición actual «ya no es una prioridad» derogar la ley, aunque considera que la Junta así lo mantiene «de una manera un poco ambigua».
En este sentido, ha defendido que «aún sin el apoyo y compromiso democrático de las derechas en el país y en Extremadura, costó mucho que se aceptara y normalizara que es obligación de las instituciones públicas recuperar e identificar los restos humanos de las personas asesinadas por el nazismo y por el franquismo y por el fascismo»; al tiempo que ha afirmado que las obligaciones «no se limitan a las exhumaciones» sino que hay que cumplir con el «obligado reconocimiento a las víctimas».
«Estamos hablando de derechos humanos. Por lo tanto, también es obligado el reconocimiento a las víctimas», ha dicho el diputado socialista, quien ha defendido que el Gobierno de María Guardiola «tiene que trabajar para que se conozca la verdad, para que se haga justicia y para reparar el daño causado».
«Cuando hablamos de justicia no se limita a referencias en materia judicial. La justicia no debe entenderse únicamente en términos judiciales, porque la justicia también es reconocer y dignificar a las víctimas. Reconocer y dignificar organizando actos públicos, erigir elementos públicos conmemorativos y toda clase de eventos para contribuir a la memoria democrática de Extremadura», ha señalado.
Utrera Fernández ha considerado, asimismo, que el Gobierno de María Guardiola también debería plantearse como una «obligación» participar en los actos que se organizan en Extremadura para reconocer y homenajear a las víctimas. «En estos actos, que son muchos, ni la presidenta ni la consejera de la Junta participan», ha lamentado.
Así, ha insistido en que «la memoria democrática histórica no se limita a recuperar los restos humanos de las personas que fueron asesinadas en la guerra civil y durante el franquismo»; y ha pedido a la Junta que no deroguen la actual ley y que, además, la desarrollen.
Al mismo tiempo, ha defendido que con los Presupuestos de Extremadura para 2025 la Junta tiene la oportunidad de «corregir» las «tropelías» llevadas a cabo en el ejercicio anterior, cuando «se suprimieron partidas y de manera vergonzosa eliminaron el programa Memoria Histórica y Democrática».
