Poner todas las medidas para que los jóvenes y personas vulnerables tengan acceso a una vivienda, facilitar la movilidad de las personas y desatascar obras demandadas, incluso durante décadas, son algunos de los principales objetivos que figuran en las cuentas de 2025 de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Todo ello, con el horizonte de fijar población en los entornos rurales, y con un cambio de modelo en la financiación de las infraestructuras para poder hacerlas realidad.
Así, casi la mitad del total del presupuesto del próximo año de esta Consejería va destinado a políticas de vivienda. En concreto, 140 millones de los 318 presupuestados por esta cartera. Son 10 millones de euros más para vivienda y 40 millones de euros más en conjunto de la Consejería respecto al ejercicio de 2024.
Los datos los ha ofrecido este martes la secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Laura Castell Vivas, durante su comparecencia en la Asamblea para explicar las cuentas de su departamento para el próximo año.
Entre las medidas fijadas para 2025 en el área de vivienda, Castell Vivas ha destacado la construcción de viviendas de promoción pública destinadas al alquiler con carácter social para familias en situación de vulnerabilidad habitacional, para lo que se destinan casi 11 millones de euros; así como la construcción de 108 nuevas viviendas y la rehabilitación de un centenar, y la inversión de 4 millones de euros en ayudas a la rehabilitación y conservación de viviendas en entornos rurales.
Además, la secretaria general también ha resaltado el incremento en 5 millones de euros del presupuesto del Programa de Rehabilitación de Barrios y el aumento de 11 millones de euros para el Programa de Rehabilitación de Edificios; alcanzando entre ambos los 39,4 millones de euros el próximo año.
Castell Vivas ha subrayado la «gran acogida» del conocido como el aval joven de vivienda, algo que ha provocado que el Consejo de Gobierno haya aprobado este lunes un aumento de 2 millones de euros sobre los 3 millones iniciales abiertos en junio, y que el próximo año contará con 1,5 millones más para alcanzar un total de 6,5 millones de euros para ayudar a los jóvenes de hasta 36 años cumplidos tener acceso a una vivienda facilitándoles, junto con las aportaciones de las entidades financieras participantes, un aval que cubre el 95% del precio del inmueble.
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
Por otro lado, la secretaria general de la Consejería también ha explicado que en las cuentas de 2025 se da prioridad a la seguridad vial en las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura, duplicando el presupuesto para conservación y mantenimiento de las vías hasta alcanzar los 39,37 millones de euros; frente a los 21,5 millones de este año (que ya supone un aumento del 50% sobre lo presupuestado para este fin en el año 2023). «El objetivo principal es reducir la siniestralidad en las carreteras extremeñas», ha señalado.
En conjunto, la Consejería ha presupuestado para 2025 un total de 83,5 millones de euros, lo que supone 21 millones más que en el presente ejercicio.
«Quiero resaltar algunas actuaciones demandadas durante mucho tiempo, incluso décadas en algunos casos y que ahora, con el Gobierno de María Guardiola, se ven reflejadas presupuestariamente para hacerlas realidad», ha explicado. A este respecto, ha detallado que se dota el presupuesto con 1,5 millones de euros para la construcción de la conexión de la EX374 con el nuevo puente de Cedillo, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje entre dicha comarca y Portugal, cumpliendo con el compromiso por parte de la Junta de avanzar en dicha conexión; así como la dotación necesaria para formalizar el convenio con el Gobierno para su financiación al 50% de la obra de reforma de las avenidas Martín Palomino y España en Plasencia; o los algo más de 7 millones de euros de fondos propios de la comunidad autónoma para la continuación de las obras de la Ronda Sur de Cáceres.
Los 3 millones de euros para el Tramo II de la Ronda Sur de Badajoz; y los 5,7 millones de euros para finalizar el próximo verano la construcción del Puente de Alcántara, son otras partidas destacadas por Castell Vivas, que ha puesto el acento, sobre todo, en el nuevo modelo de colaboración público-privada que va a poner en marcha el Gobierno extremeño para las infraestructuras en la región y que se va a iniciar para ejecutar el tramo de la EX-A1 entre Moraleja y la frontera portuguesa. «Un modelo de financiación que permite, además de poder hacer realidad la infraestructura en mucho menor tiempo del que podría abordarse afrontándola con las fórmulas tradicionales presupuestarias, un cambio en la forma de trabajar de la Administración que, en estos modelos, va de la mano del sector privado desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución, lo cual permite gestionar los intereses públicos en juego de una manera más eficiente», ha comentado.
Al margen de las infraestructuras, Castell Vivas ha indicado que también crece el presupuesto destinado a Movilidad y Transportes, con 9 millones de euros más que en el presente ejercicio, hasta alcanzar los 75,5 millones, con el objetivo de «desarrollar políticas que permitan a los ciudadanos de la región tener acceso a todos los servicios de transportes independientemente de dónde residan».
En este sentido, ha recordado que desde finales de octubre el aeropuerto de Badajoz ofrece una frecuencia semanal más a Barcelona, y que el próximo año van a seguir las obras de mejoras en las estaciones de autobuses de la región.
Pero, sobre todo, ha detallado dos aspectos importantes por su «relevancia social». El primero de ellos es que «este Gobierno sigue con su firme apuesta por facilitar la movilidad de las personas». Por ello, prevé 8,85 millones de euros para el abono de transporte gratuito, lo que supone un 34% más de lo presupuestado en 2024 (que ya se incrementaba respecto del año anterior en un 49%).
El segundo aspecto es una novedad. El presupuesto contempla 500.000 euros destinados a ayudas para el fomento de incorporación de conductores profesionales de terceros países con los que España tiene acuerdos de inmigración. Esta ayuda estará vinculada al empadronamiento del trabajador en un municipio menor de 5.000 habitantes, con el compromiso de permanecer en el mismo durante al menos un año. Con ello, se busca apoyar a las empresas de transporte, favorecer la inmigración regulada y fijar población en los pequeños municipios, ha explicado.
En materia de urbanismo, la secretaria general de la consejería ha enumerado un par de medidas que recoge el presupuesto: las subvenciones de hasta 75.000 euros para ayudar ayuntamientos menores de 20.000 habitantes a elaborar Planes Generales Urbanísticos «dada la importancia de los mismos»; y, por otra parte, 2.838.000 euros destinados a colaborar con las Mancomunidades para financiar las Oficinas Técnicas de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, «teniendo en cuenta que juegan un papel esencial de asesoramiento y apoyo en materia urbanística para los ayuntamientos», ha concluido Castell Vivas, que ha agradecido al personal de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y también al de Hacienda, su trabajo para la elaboración de estos presupuestos.
Durante su comparecencia, ha estado acompañada por los directores generales de Infraestructuras Viarias; Movilidad y Transportes; y Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana; y por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana.
