La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido al Gobierno central que «lidere» el proceso de financiación autonómica en España y presente una propuesta de modelo, de cara al cual el Ejecutivo regional defenderá los principios de «justicia, igualdad, autonomía, coordinación y solidaridad» y que en el mismo «ninguna comunidad debe perder».
«Ninguna comunidad autónoma debe perder, y nos posicionaremos en contra cuando una comunidad autónoma gane mucho, porque eso no es justicia y eso no es igualdad», ha espetado.
De este modo, ha solicitado que el Estado convoque «ya» una Conferencia de Presidentes como se ha hecho en ocasiones anteriores, para luego debatir el modelo de financiación en una «negociación multilateral» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
«No queremos ser mal pensados y ver que este modelo ya esté cerrado con una comunidad autónoma en concreto que ya sabe cómo va a ser ese futuro modelo de financiación autonómica… No, lealtad, cumplimiento constitucional, órgano multilateral, Conferencia de Presidentes, y Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esto es de todos, esto no es sólo de los catalanes», ha expresado Manzano.
En esta línea, ha defendido que la «solidaridad, no caridad» debe ser una pieza «fundamental» en el modelo de financiación autonómica para «hacer justicia con Extremadura» y con el Fondo de Compensación Interterritorial tal y como viene establecido en la Constitución «para corregir los desequilibrios territoriales».
Así, tras recalcar la necesidad de que haya un «respeto absoluto» a las disposiciones en materia de financiación recogidos en la Constitución, en la Ley de Financiación de las CCAA y en el Estatuto de Autonomía, ha afirmado que Extremadura debe contar con una financiación «justa» que garantice la suficiencia en la prestación de los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales)».
De este modo, en una comparecencia este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea para abordar la posición de la Junta en esta materia, la consejera ha considerado «urgente» que sea reformada la ley de financiación autonómica para atender a las «necesidades» que se presentan en Extremadura y en el resto de CCAA, y ha incidido en que el «competente» para impulsar la reforma del modelo es el Gobierno central.
RECURSOS SUFICIENTES
Así, ha adelantado que la posición de Extremadura en el debate del sistema de financiación autonómica va a ser «el máximo respeto» al orden constitucional y al artículo que proclama que la autonomía financiera de las CCAA tienen que ejercerse «con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles».
En la misma línea, la Junta defenderá la autonomía financiera con recursos «suficientes» para prestar las competencias asumidas, de tal modo que en la «mayoría» de los impuestos de titularidad estatal cedidos a la comunidad se mantenga el porcentaje de recaudación «en los términos en los que está a día de hoy».
«La Hacienda estatal necesita recursos suficientes que luego con posterioridad sean redistribuidos al resto de regiones. Si se incrementa la cesión en un territorio como el nuestro la Hacienda estatal pierde esos recursos porque también se incrementa en otros territorios que tienen un elevado poder de recaudación y luego tiene menos ingresos para redistribuir y lo que nosotros podemos obtener de más con esa cesión no va a cubrir el coste de prestación de esos servicios», ha argumentado.
Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura defenderá «con todo» que se abra el debate sobre cómo se cede la recaudación, de tal manera que por ejemplo en los impuestos sobre la electricidad o el IVA vinculado a esa electricidad se produzca una recaudación «equivalente» a lo que la comunidad extremeña produce.
También abogará el Ejecutivo extremeño por que se garantice la suficiencia financiera valorando de manera «adecuada» el coste de prestación de los servicios, de tal manera que «la población no puede seguir midiendo un 97 por ciento en la detección de necesidades», sino que es «necesario» que variables como la superficie y el envejecimiento de esa población cobre «mayor peso» en la valoración del fondo común.
EXTREMADURA DEBE RECIBIR 10.000 MILLONES
Durante su comparecencia en el pleno, la consejera –tal y como viene defendiendo la presidenta de la Junta, María Guardiola– ha cifrado en más de 10.000 millones la cantidad que Extremadura debería recibir como «justicia para la realización efectiva del principio de solidaridad en la región».
En concreto, Elena Manzano ha desgranado –basándose en un «aval científico– que Extremadura sufre una «deuda» de 910 millones de euros por no haber recibido en el Fondo de Compensación Interterritorial «igual» que en 2008 durante todos estos últimos años.
También, ha recordado que la Junta estima que 8.216 millones ha dejado de recibir en inversión territorializada Extremadura por no haberse aplicado un reparto que «realmente» atienda «a lo que dice la Constitución de igualdad, justicia y de crecimiento equilibrado».
En la misma línea, ha incidido en que «no se han cumplido» las inversiones complementarias –que la Junta cifra en 1.400 millones–recogidas en el Estatuto de Autonomía extremeño. «Hay que invertir en Extremadura un 1 por ciento del PIB regional durante siete años, y esto no ha sido así».
Finalmente, Elena Manzano ha reiterado el planteamiento de la Junta de que la comunidad debe defender un modelo de financiación autonómica «unidos, con el apoyo de todos» los grupos parlamentarios, porque eso dará «fuerza» como elemento «esencial» para «garantizar lo importante, la prestación competencial en la comunidad y disponer de los recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos extremeños».
EP