La Junta de Extremadura adjudicará esta semana el nuevo contrato del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera, según ha adelantado su portavoz, Isabel Gil Rosiña, que ha asegurado que la Administración no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA).

“No contemplamos en estos momentos ninguna deuda pendiente, ningún debito con LEDA”, ha afirmado Gil Rosiña tras el anuncio de la empresa -una de las adjudicatarias del contrato actual y aspirante también a la nueva licitación- de que interrumpirá los servicios que presta en 99 municipios el próximo 1 de agosto si la Junta no le abona una deuda que cifra en más de un millón de euros.

A preguntas de los periodistas, momentos antes de visitar a los participantes del Campo de Voluntariado Juvenil del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha señalado además que la Administración regional viene comunicándose “de manera permanente” con la compañía desde que surgieron “los primeros conflictos a lo largo de los últimos meses”.

Y lo hace “siempre con el ánimo de resolverlo, que es lo que tiene que hacer la Administración”, ha subrayado.

Al ser preguntada por si la Junta tiene arbitrada alguna alternativa para garantizar la prestación del servicio en estos 99 municipios si LEDA finalmente cumple su amenaza, ha respondido que el nuevo contrato del servicio público de transporte regular de viajeros se resolverá “definitivamente” a finales de esta semana.

“Y por lo tanto -ha recalcado- nosotros cumpliremos con nuestra obligación, que es tener asegurado el transporte por carretera de los vecinos de Extremadura”.

“Es lo que la Administración debe hacer conforme a la ley, con los procedimientos y plazos que marca un concurso de este tipo”, ha añadido.

Ha subrayado además la importancia de este servicio en el mundo rural, “muy necesario” porque traslada a los vecinos de pequeños municipios a cabeceras de comarca para recibir servicios que no existen en sus lugares de residencia.

El nuevo concurso del servicio público de transporte regular de viajeros fue autorizado por el Consejo de Gobierno en un octubre de 2018 por un importe superior a los 7,3 millones de euros y un período de 20 meses.