Manzano subraya que en su debate deben ser respetados los principios constitucionales de la autonomía y la suficiencia financieras, junto a la solidaridad
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha invitado a los diferentes grupos políticos con representación en la Asamblea a consensuar una posición «única» de Extremadura en materia de financiación autonómica y «en defensa de los intereses de la región».
Así, tras incidir en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) es la «sede multilateral» en la que debe ser abordado el futuro sistema de financiación autonómica, ha abogado por que la comunidad sea capaz de consensuar una «posición única» en esta materia para luego ser defendida en su momento en dicho órgano.
En este punto, Manzano ha subrayado que en el debate de la financiación autonómica deben ser respetados, para el Ejecutivo extremeño, los principios constitucionales de la autonomía y la suficiencia financieras, así como la solidaridad, con el objetivo de la «corrección de desequilibrios territoriales» con criterios «objetivos» en los que se fundamente la inversión territorializada en España.
De este modo lo ha defendido la consejera de Hacienda durante una comparecencia este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar sobre la posición mantenida por la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 11 de diciembre, donde ella misma planteó que el Estado tiene que velar por un «equilibrio económico adecuado y justo entre los diferentes territorios», algo que a su juicio se consigue «invirtiendo en los territorios donde no se ha invertido».
En esta misma línea, y tras defender que el CPFyF «es la sede multilateral en la que se da voz y voto a todas las regiones del país y a las dos ciudades con estatuto de autonomía», ha criticado que por parte del Gobierno central se puedan tomar «decisiones» en materia de financiación o inversión «de manera oscura y bilateral» con algunos territorios determinados.
Así, ha pedido que en el debate de la financiación autonómica se respeten los principios constitucionales que abogan por la autonomía financiera de las CCAA y la suficiencia financiera con «recursos suficientes para prestar las competencias en Educación, Sanidad que asumen las regiones».
Igualmente, ha defendido que el Estado «tiene la obligación de coordinar y de escuchar a todas y cada una de las CCAA y todas y cada una de las posiciones que representan (las regiones)»; al tiempo que ha abogado por el cumplimiento del principio de solidaridad y que se tenga en cuenta de cara a la futura negociación de la financiación autonómica y que ésta se haga en la «sede multilateral» del CPFyF.
FONDO DE COMPENSACIÓN
Por otra parte, en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, Elena Manzano ha recordado que «es el único fondo del sistema de financiación autonómica que tiene regulación constitucional», así como que su finalidad «la corrección de desequilibrios territoriales», algo que según ha dicho «se corrige a través de este fondo y sobre todo con una aportación dineraria que realiza el Estado».
Al respecto, ha lamentado que mientras que «en 2023 la dotación del fondo de compensación interterritorial es de 432 millones, el fondo de competitividad creado para contentar a una única comunidad autónoma tiene 4.000 millones de dotación en 2023», algo que a su juicio pondría en duda el «cumplimiento efectivo» del «principio de solidaridad».
Al mismo tiempo, y sobre los criterios «objetivos» en los que se fundamenta la inversión territorializada, ha defendido que el Estado tiene que velar por un «equilibrio económico adecuado y justo entre los diferentes territorios», algo que se consigue «invirtiendo en los territorios donde no se ha invertido».
En este sentido, ha recordado que mientras que, por ejemplo, Andalucía o Cataluña reciben en torno a un 17 por ciento de la inversión territorializada, en Extremadura la misma se sitúa en torno a un 3 por ciento, lo que a su juicio «no es cumplir con el principio de igualdad, de atender a todos los ciudadanos de manera igualitaria con independencia de donde resida».
EP
