El Tribunal Constitucional ha acordado rechazar un tercer recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar demoler dicho complejo, presentado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.
La Junta de Extremadura ha reiterado de manera firme su posición institucional en relación con la situación jurídica del complejo Marina Isla de Valdecañas, subrayando que, en el contexto normativo vigente y con el actual nivel de protección ambiental existente en la zona, «no resulta necesario proceder al derribo de las instalaciones». Esta postura se fundamenta en los cambios legislativos aprobados en su momento por la comunidad autónoma y en la interpretación técnica y jurídica que la Administración regional mantiene respecto al impacto y al encaje legal del proyecto.
La portavoz y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha manifestado esta posición tras conocerse que el «Tribunal Constitucional ha acordado inadmitir un tercer recurso» promovido por los ayuntamientos de **El Gordo y Berrocalejo**, municipios de la provincia de Cáceres en los que se localiza el complejo, que ocupa aproximadamente 134,5 hectáreas. Dicho recurso tenía por objeto impugnar la decisión del Tribunal Supremo que ordena la demolición de las edificaciones y otras infraestructuras vinculadas al proyecto urbanístico.
Manzano ha destacado que la nueva resolución del Tribunal Constitucional “tiene la misma valoración que las anteriores”, y ha reiterado que la Junta de Extremadura mantiene que el **marco jurídico actual**, derivado de los ajustes normativos realizados por la propia comunidad, **avala la continuidad del complejo sin necesidad de proceder a su desmantelamiento**. En ese sentido, ha recordado que el entorno cuenta en la actualidad con un nivel de protección ambiental que, según la interpretación defendida por el Ejecutivo autonómico, **es compatible con el mantenimiento de las estructuras existentes**, siempre dentro de los criterios de sostenibilidad y preservación del medio natural establecidos por la normativa vigente.
La consejera ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida con motivo de la presentación de la organización del proceso electoral previsto en Extremadura para el 21 de diciembre. Allí ha subrayado que la posición de la Junta se fundamenta tanto en criterios técnicos como en el marco legal resultante de las modificaciones normativas adoptadas, cuyo objetivo —ha indicado— fue proporcionar seguridad jurídica y claridad regulatoria en materia de ordenación territorial y de actuaciones en espacios sometidos a distintos grados de protección ambiental.
En relación con el estado actual del procedimiento, Manzano ha informado de que el asunto se encuentra en trámite ante el **Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)**, que será el encargado de pronunciarse sobre la validez y los efectos del mencionado cambio normativo en relación con la orden de derribo. La Junta de Extremadura ha trasladado al tribunal su criterio de que la modificación legal introducida en su momento **proporciona cobertura jurídica suficiente para considerar innecesaria la demolición del complejo**, siempre atendiendo a la evaluación técnica y al equilibrio entre las exigencias medioambientales y el desarrollo socioeconómico local.
Con esta postura, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con la defensa del interés general, la seguridad jurídica y la protección del territorio, manifestando que continuará argumentando ante las instancias judiciales competentes que el escenario normativo vigente permite una gestión adecuada y compatible del enclave de Valdecañas, garantizando tanto la preservación ambiental como la estabilidad derivada de las actuaciones urbanísticas ya ejecutadas.
