La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha asegurado que la Junta de Extremaduraactuará conforme a la ley y que la solvenciade la empresa de la mina La Parrilla está «acreditada».

Morán ha realizado estas declaraciones este jueves durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación del permiso de explotación de dicha mina.

En ella, la responsable autonómica ha realizado un repaso de sus vicisitudes con «total transparencia» desde que en 2015 la empresa Iberian Resources Spain (IRS) presentó la solicitud de un proyecto piloto de planta de trituración y molienda.

«Como ven, es un proyecto que viene de atrás y en el que se han dado diversas circunstancias, como la falta de abono del impuesto correspondiente al ayuntamiento o falta de permisos que desembocaron en que la empresa promotora se declaró insolvente. Esta situación llegó a la justicia y el juez declaró la insolvencia de la empresa, así como una quita de la deuda del 95 por ciento», ha recordado.

Así, en la actualidad ha dicho que se ha vuelto a presentar el proyecto para la reapertura de esta mina que se ubica en los términos municipales de Almoharín (Cáceres) y de Santa Amalia (Badajoz) cuyo objetivo es la extracción de recursos minerales de wolframio y estaño y ocupa unas 245 hectáreas.

Las pretensiones son extraer unas 1.380 toneladas/año de concentrado de wolframio y 198 toneladas/año de estaño. Además, el proyecto contempla tres instalaciones para la gestión de residuos y para el almacenamiento de aguas.

«La solvencia de la empresa para acometer este proyecto está ahora acreditada. Acreditada por un plan de reestructuración que fue homologado judicialmente a través de un auto del juzgado de primera instancia número 1 de Cáceres en mayo de 2023», ha indicado Morán.

En esta línea, ha incidido la consejera en que el fondo BlackRock es el accionista mayoritario de IRS y de ahí viene la «solvencia acreditada», ya que, de lo contrario, si dicha solvencia no estuviera acreditada, no se podría asumir las autorizaciones ni la continuidad del procedimiento.

«Si se acredita esa solvencia, la obligación es seguir con los trámites pertinentes, porque en caso contrario estaríamos incurriendo en prevaricación. Y este gobierno no lo va a hacer porque nosotros actuamos en este proyecto y en todos conformes a la legalidad, a una escrupulosa legalidad», ha remarcado.

Ahora, ha señalado, habrá ver los dictámenes de los técnicos, que son quienes tienen que determinar si ese proyecto puede seguir adelante o no. «Son sus informes los que respaldarán las autorizaciones necesarias para poder llevar a cabo dicho proyecto», ha aseverado.

Por ello, ha remarcado que la situación actual de la mina La Parrilla es que la empresa está presentando documentación para la subsanación de los informes sectoriales, «paso siguiente» para la aprobación del permiso de explotación, y ha añadido que aún pendiente el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

«Este gobierno se ha encontrado con una situación totalmente sobrevenida y nuestro deber es cumplir escrupulosamente con la legalidad. Es lo que hacemos con todos los proyectos que llegan a nuestras manos, porque nuestra máxima es dar seguridad jurídica para que los empresarios y los promotores sepan que llegan a una tierra con un gobierno serio que actúa con el máximo rigor y dando las máximas garantías», ha aseverado.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PP Bibiano Serrano ha acusado al PSOE y a Unidas por Extremadura de hacer «demagogia» con el caso de La Parrilla y, en referencia a los socialistas, ha considerado que son los responsables «de todo esto».

En esta línea, Serrano ha hecho un repaso de los pormenores del proyecto y ha asegurado que «para bien o para mal» el PSOE es el responsable de «todo lo que ocurre».

De este modo, ha señalado que el gobierno presidido por María Guardiola está «cumpliendo escrupulosamente» con la ley en relación a un problema que el PSOE «ha creado» y que no ha sido capaz de «resolver».

«Hay que ver la cara que tenemos, como el cemento armado. Señor Bertrán, se lo digo sinceramente, subirse aquí y hacer lo que usted ha hecho. Hay que tener valor. Yo, desde luego, se lo digo sinceramente, no sería capaz», ha incidido.

El diputado socialista Alfonso Beltrán Muñoz ha solicitado el apoyo de la Asamblea hacia los empresarios a los que IRS adeuda dinero mientras que gestiona la renovación de la concesión de la explotación.

Así, ha pedido «empatizar un poco» porque estos empresarios son «nuestra gente» y ha insistido en que se debe clarificar la solvencia de la empresa, además de advertir de que se corre el riesgo de que sea un proyecto de «especulación».

Del mismo modo, ha criticado la opacidad del Ejecutivo regional y se ha preguntado si «tanta fuerza tienen los fondos de inversión o los fondos buitres» para que le «dé la espalda» a los extremeños, algo que ha considerado una «auténtica vergüenza».

«Por favor, reciban, escuchen a estas empresas. Se lo están jugando todo. Son pequeños empresarios que lo único que quieren es que les escuchemos y, si puede ser, que les ayudemos», ha señalado.

El diputado de Vox Juan José García ha agradecido a Mercedes Morán sus explicaciones y ha dicho que a su grupo le ha quedado «suficientemente claro» cómo va todo el proceso relativo a la mina La Parrilla.

No obstante, ha indicado que es «curioso» que IRS, que es una empresa filial de BlackRock, se haya declarado insolvente cuando al fondo se le conoce como «dueño del IBEX-35», al tener participación en una veintena de empresas.

«Es curioso el hecho, pero puede pasar. Pero lo que realmente nos resulta muy curioso es que, mientras debe 4,7 millones de euros a 57 empresas extremeñas que dan trabajo alrededor de 250 trabajadores extremeños se declare insolvente y solamente plantee abonar un 5 por ciento y que, a la vez, según tenemos entendido nosotros, presente un expediente en la Junta de Extremadura para iniciar otra vez la actividad económica», se ha planteado.

También, y sobre el plan de reestructuración para los acreedores extremeños, García ha recalcado que es un proceso judicializado y será la justicia la que decida qué es lo que deben cobrar los empresarios afectados.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que, en su opinión, una administración «justa» debería empezar por paralizar la autorización solicitada hasta que la empresa no solvente la deuda que tiene al cien por cien con las empresas extremeñas y también los intereses derivados de esa deuda.

Durante su intervención, ha criticado el veto a la hora de que pudieran comparecer en la Asamblea los empresarios afectados por el «fraude» o «estafa» de La Parrilla, así como directores generales, por lo que, en su opinión, la consejera viene «a empujones», al tiempo que ha criticado que la Junta esté impidiendo que los diputados acceden a la documentación «manera libre», ya que les obliga a personarse en las instalaciones de la Dirección General de Minas.

«Traba más traba, obstáculo más obstáculo, que hace que este Gobierno de Partido Popular y Vox sea un Gobierno opaco, que parece que tiene demasiadas cosas que esconder. No sé dónde está el gobierno zaguán del que hablaban ustedes, porque más bien es el gobierno muralla», ha dicho.

Del mismo modo, ha pedido que sea la presidenta de la Junta, María Guardiola, la que reciba este lunes a los empresarios afectados por los impagos y que se están enfrentando al «mayor fondo buitre» de todo el país, en referencia a BlackRock y ha afeado que la consejera haya omitido que el auto judicial que justifica la solvencia técnica y económica para seguir explotando la mina está impugnado.

EP