EP – La Junta de Extremadura ha interpuesto la pasada noche ante el Juzgado de Instrucción de guardia en Mérida una denuncia contra una serie de empresas del transporte escolar en la región por supuesto incumplimiento del acuerdo marco suscrito en 2024 que fija los precios con el sector, y el cual llevaba a un incremento en más de 16 millones del presupuesto destinado a un servicio «fundamental».

La denuncia ha sido interpuesta «en defensa del derecho a la educación de todos los ciudadanos extremeños, en la garantía de la prestación de un servicio fundamental, de un servicio vital, como es el transporte escolar», según ha dado a conocer en declaraciones a los medios este viernes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Así, ha señalado que la «mayoría» de las empresas del sector están «de acuerdo» con el cumplimiento de lo suscrito en 2024, aunque hay «un grupo minoritario» de empresas que han decidido «no cumplirlo», por lo que ahora la Administración regional pide al juzgado que de forma cautelar se conceda la «garantía» de la prestación del servicio en el curso 2025-2026 cumpliendo lo rubricado.

«Se pide una medida cautelar al juzgado para que se garantice la prestación del servicio, debido a eso, al compromiso asumido en ese acuerdo en marco, y a que es un servicio esencial», ha incidido Manzano, quien ha defendido la importancia de no perder de vista que está «en juego» el transporte escolar, «un servicio fundamental».

«Es un servicio fundamental y es una garantía y es obligatorio para cualquier instancia que cuando se ha suscrito un acuerdo con unos precios concretos, después se acuda al instrumento jurídico que tenemos para materializar ese acuerdo, que son las licitaciones y los contratos», ha defendido la portavoz de la Junta.

Así, ha ahondado en que la «mayoría» de las empresas «están de acuerdo con lo que suscribieron», pero ahora «hay una parte minoritaria, un grupo minoritario de empresas que deciden no cumplir este acuerdo, que ponen en peligro la prestación de este servicio esencial para muchos ciudadanos extremeños, que dificultan la aplicación de este servicio, que deciden no cumplir lo que previamente se había acordado».

Tras insistir en que las empresas denunciadas son una «minoría», y que en el año 2024 estaban «conformes» y suscribieron el acuerdo, ha lamentado que ahora «han decidido no presentarse a la licitación, poniendo en riesgo la prestación» del servicio en unas 240 rutas (con 7.000 afectados), lo que ha llevado a que la Junta tenga que actuar para garantizar el mismo con la interposición de la denuncia.

Cabe apuntar que, según datos aportados por el Gobierno autonómico, en total en la región hay 579 rutas de transporte escolar, de las que hacen uso unos 16.000 alumnos aproximadamente.

HACER USO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS

Así, ante la situación, según ha remarcado Manzano, la Administración autonómica hará uso de «todos los medios legales e instrumentos» existentes para garantizar la prestación del servicio.

«La ciudadanía extremeña tiene un Gobierno decidido a cumplir con lo que es nuestra obligación, que es garantizar esa prestación del servicio y que no va a dudar en acudir a todos los medios legales, a todos los medios e instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico para que esos servicios se presten en Extremadura», ha afirmado.

«La mayoría de las empresas han licitado esos contratos con arreglo a ese acuerdo marco que previamente fija los precios. Estas empresas (ahora denunciadas) han suscrito ese acuerdo marco, pero luego no se han presentado a las licitaciones, incumpliendo su palabra dada en el acuerdo marco», ha señalado; al tiempo que ha indicado que la Junta con la denuncia pretende «aclarar» a qué obedece la actuación de esa «minoría» de empresas y «por supuesto, pedir que se preste el servicio».

ACTUALIZACIÓN

Cabe apuntar, además, que durante su intervención ante los medios Elena Manzano ha recordado que cuando el actual Gobierno regional llegó al poder en 2023 se estaba pagando por parte de la Junta para garantizar la prestación del transporte escolar «con precios del año 2016», pese a que el Ejecutivo socialista de entonces había formalizado un acuerdo con las empresas afectadas en 2021.

Ante ello, el Gobierno de María Guardiola se puso a trabajar «desde el primer momento de la mano» de todas las empresas que prestaban ese servicio en la comunidad, y en 2024 logró suscribir un acuerdo que suponía ampliar la inversión de la Junta en el transporte escolar en más de 16 millones de euros.

Esto «de media, en la mayoría de las rutas, suponía un incremento de un 20 por ciento y, en determinadas rutas, suponía un incremento de hasta un 50 por ciento, lo que se ha traducido en más de 16 millones de euros de financiación, de prestación, de garantía en ese servicio esencial que es el transporte escolar», ha explicado Manzano, quien ha recordado que el acuerdo en 2024 fue suscrito «por unanimidad con todas las empresas del sector, con todas las empresas que prestan este servicio en la región».

«Y esas empresas lo cumplen, la mayoría de estas empresas están de acuerdo con lo que suscribieron, pero ahora que hay una parte minoritaria, un grupo minoritario de empresas que deciden no cumplir este acuerdo, que ponen en peligro la prestación de este servicio esencial para muchos ciudadanos extremeños, que dificultan la aplicación de este servicio, que deciden no cumplir lo que previamente se había acordado», ha añadido, y ante lo cual ahora la Junta acude a la Justicia.

«Como este Gobierno salvaguarda la prestación de los servicios esenciales en Extremadura y en nuestra región, hemos acudido al Juzgado para interponer una denuncia que, como medida cautelar, tiene la garantía, la prestación de ese servicio de transporte escolar en el próximo curso 2025-2026», ha insistido la portavoz de la Junta.