La Junta de Extremadura manifestará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su “oposición frontal” a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno central, al considerar que perjudica gravemente a la comunidad y vulnera los principios constitucionales de igualdad y justicia. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, quien ha avanzado que la región acudirá al Tribunal Constitucional en caso de que el modelo sea finalmente aprobado.

Manzano ha advertido de que la implantación del nuevo sistema supondría para Extremadura unas pérdidas estimadas de unos 700 millones de euros anuales con respecto al actual modelo de financiación, lo que, a su juicio, comprometería seriamente la capacidad de la comunidad para prestar servicios públicos esenciales en condiciones de equidad.

La responsable de las finanzas regionales ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado este martes, el primero del año 2026. En ella, ha confirmado su asistencia al CPFF convocado para este miércoles, 14 de enero, donde la comunidad autónoma defenderá los intereses de la región y exigirá el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y de la Constitución Española.

En este sentido, Manzano ha descartado que los representantes de Extremadura vayan a abandonar la reunión como gesto de protesta, al considerar que el CPFF es el órgano constitucionalmente establecido para abordar una negociación multilateral sobre la financiación autonómica. “Extremadura acudirá a la mesa para defender que se cumplan las leyes y que se respeten los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y justicia entre todos los territorios”, ha subrayado.

La portavoz de la Junta ha calificado el modelo propuesto por el Gobierno como una “aberración jurídica”, al entender que rompe con los principios básicos de cohesión territorial recogidos en la Carta Magna. A su juicio, el nuevo sistema se sustenta en acuerdos políticos ajenos al interés general y responde a necesidades coyunturales del Ejecutivo central.

En concreto, Manzano ha señalado que una de las bases del modelo es un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el separatismo catalán, cifrado en 4.700 millones de euros, que —según ha denunciado— se financiará “con dinero de todos los españoles exclusivamente para que el presidente se mantenga en el poder”.

Asimismo, ha criticado que el planteamiento del Ejecutivo central parte también de la premisa de que Andalucía “tiene que recibir más recursos”, en alusión a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la candidata del PSOE en dicha comunidad autónoma. Esta circunstancia, ha indicado, se traduce en el anuncio de una asignación adicional de 4.800 millones de euros para Andalucía.

Frente a estas cifras, la consejera ha denunciado que de los 21.000 millones de euros que el Estado pone sobre la mesa “para corregir, en teoría, el desequilibrio vertical del sistema de financiación”, Extremadura no recibiría “ni un solo euro”. Una situación que, ha reiterado, evidencia la discriminación que sufre la comunidad en el reparto de recursos y refuerza la postura del Ejecutivo regional de rechazo al nuevo modelo.

Por todo ello, Manzano ha insistido en que la Junta de Extremadura utilizará “todas las herramientas legales a su alcance” para defender los intereses de la región, incluida la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de garantizar un sistema de financiación autonómica justo, solidario y respetuoso con la Constitución.