EP – El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha mostrado su rechazo a la política arancelaria impulsada por Donald Trump debido al «impacto» económico y social que tendrá sobre el campo extremeño.

En este sentido, considera «totalmente incompatible» defender los intereses de agricultores y ganaderos y alinearse con el presidente de EEUU.

«No vale aplaudir a quien los impone (los aranceles) mientras se intenta defender al campo extremeño. No vale el truco autodefiniéndose como patriota», ha señalado Bautista, quien ha añadido que «o se está aplaudiendo este tipo de política, o se está defendiendo los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, pero ambas cosas, sin duda alguna, es totalmente incompatible».

Así lo ha indicado en su intervención en la clausura del III Curso de Derecho Agrario y Ganadero que ha reunido a unos sesenta jueces, magistrados, notarios, registradores de la propiedad y letrados de la Junta de Extremadura.

En este sentido, el dirigente extremeño ha asegurado que «atacar» a la libre circulación y comercialización de productos del campo es «jugar con nuestro futuro», por lo que la Junta rechaza esta «visión proteccionista de las relaciones comerciales», que además llega en el momento en el que las exportaciones extremeñas han alcanzado cifras récord.

Bautista se ha referido a la política arancelaria al ofrecer su «visión particular» sobre los desafíos a los que se enfrentan en estos momentos la agricultura y ganadería extremeñas.

Por un lado, se ha referido a la «errónea concepción» de la agricultura y la ganadería como un sector de impacto negativo en el medioambiente y en el ecosistema, que hacen que la PAC y sus políticas verdes «no garanticen la rentabilidad» de los agricultores, hasta tal extremo que «se pone en peligro la soberanía alimentaria» en Europa.

Por ello, la Administración regional, dentro de sus «limitadas competencias», ha «escuchado» al campo y ha «flexibilizado» los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC, reduciendo la carga ganadera por hectárea para que más agricultores y más ganaderos puedan beneficiarse de los ecoregímenes.

Como segundo desafío, ha situado el geopolítico, que «previsiblemente impactará de lleno» en la agricultura y ganadería extremeñas con la política arancelaria, que es «una amenaza real con un impacto económico, pero evidentemente social».

Si la nueva PAC y los altos costes de producción eran ya dos lastres importantes para el campo, ahora aparece una nueva amenaza, que es castigar nuestros intereses con aranceles», ha lamentado.

El tercer desafío al que se ha referido es evitar las «consecuencias» que los productores extremeños pueden tener de las nuevas relaciones comerciales con Mercosur, relacionadas con la falta de cláusulas espejo, que exijan «el mismo cumplimiento de requisitos a unos agricultores y ganaderos que a otros agricultores y ganaderos del otro lado».

En concreto, lo único que pide son «los mismos estándares de calidad, de sostenibilidad y el respeto a los volúmenes que se acuerden», teniendo en cuenta que «no se respetan en otro tipo de acuerdos», en alusión directa a Marruecos.

El dirigente extremeño ha solicitado, por tanto, un «equilibrio entre sectores favorecidos y sectores perjudicados», y por ello la Junta tratará de desplegar políticas para «aminorar el impacto que el nuevo contexto» pudiera tener sobre el medio y el modo de vida de «muchos extremeños».

En todo caso, los gobiernos autonómicos tienen «delimitado» el ámbito de sus competencias y, por tanto, la posibilidad de actuación, de modo que el Gobierno central y las instituciones de gobernanza comunitaria «deberían actuar con celeridad y firmeza» para no «sufrir las consecuencias» de guerras económicas en las que están implicadas grandes potencias a nivel mundial, frente a las que cualquier región de España no podría hacer «nada sin un soporte de país o de las instituciones supranacionales o comunitarias».