Desde Unidas por Extremadura, su diputado José Antonio González Frutos ha pedido que la región solicite la gestión de esta prestación.
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha afeado que la comunidad desconoce las condiciones de la cesión del Ingreso Mínimo Vital, mientras que el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha pedido que la región solicite la gestión de esta prestación.
García Espada ha realizado estas declaraciones en su turno de respuesta a la pregunta formulada por González Frutos este jueves en el pleno de la Asamblea sobre si tenía prevista la Junta de Extremadura solicitar la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital.
De esta forma, la consejera extremeña ha asegurado que el Ejecutivo regional aboga por la «eficiencia» en la ejecución de las competencias, a lo que ha añadido que, si entiende que esas competencias podrían gestionarse mejor desde la Junta que desde la Administración General del Estado, se solicitarán, ha sostenido.
En este sentido, García Espada ha indicado que la Junta está dispuesta a escuchar la propuesta del Gobierno central y conocer cómo se haría dicha cesión y en qué condiciones pero, hasta la fecha, ha precisado, la comunidad no tiene «información oficial» sobre cómo se articularía la cesión, ni cómo sería la gestión posterior, ni la financiación que recibiría.
«En estos momentos desconocemos las condiciones que pondrá el Gobierno central sobre la mesa. Nuestro gobierno, el de nuestra presidenta María Guardiola, entiende que la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital debe ir acompañada de la cesión de los recursos económicos, técnicos y personales necesarios, respetando siempre la igualdad entre españoles», ha aseverado.
Así, ha recordado que fue el PP el partido que apoyó la creación de esta prestación, concibiéndola como una red de apoyo para garantizar a quienes se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad la cobertura de sus necesidades básicas y lograr la inclusión social.
También ha incidido en que fue un gobierno del Partido Popular quien en 2013 aprobó en Extremadura una ley de renta básica de inserción, tras «décadas de gobierno socialista sin hacerlo». «Nuestro compromiso con estas personas ha sido, es y será siempre indiscutible», ha aseverado.
Así, y respecto al Ingreso Mínimo Vital, la consejera extremeña ha asegurado que el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha demostrado «incapacidad» para gestionar esta prestación de manera «adecuada y ágil» debido a que fue diseñada «sin la escucha y sin el consenso de las comunidades autónomas, que eran quienes tenían la experiencia en el desarrollo y ejecución de rentas básicas».
De esta manera, ha criticado que el Gobierno de España no haya alcanzado el número de beneficiarios a los que se comprometió, toda vez que ha llegado a «cerca de 100.000 hogares menos de lo comprometido», a lo que ha sumado «falta de transparencia».
«El gobierno de Pedro Sánchez se limita a facilitar el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con datos acumulados desde junio del 2020. En Extremadura, en diciembre del 23, hay 25.975 expedientes aprobados y 75.926 personas beneficiarias, pero, ¿cuántas solicitudes se han presentado y se han denegado?, ¿cuántos hogares extremeños perciben esta ayuda desde enero de este año? El Gobierno no publica esos datos».
«Señoría, venga de donde venga, la gestión del ingreso mínimo vital debe ejecutarse con transparencia, rigor y seriedad y le aseguro que esa es la hoja de ruta de nuestro gobierno», ha asegurado.
UNIDAS PIDE QUE SE SOLICITE LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Antonio González Frutos ha demandado conocer la posición política de la Junta en relación con esta cuestión, ya que, como ha recordado, el «único grupo» que llevaba en su programa electoral solicitar la gestión era el suyo.
Así, ha explicado que Unidas quería gestionar el Ingreso Mínimo Vital debido a que, en su opinión, tenía «dos problemas», por un lado un problema de diseño de la herramienta, que fundamentalmente tiene que ver con el cómputo de renta del año anterior, ha dicho, y un segundo problema que tiene que ver con la gestión.
De este modo, el problema de la gestión, ha explicado, tiene que ver con que el sistema de información «no funciona», la burocratización es «enorme» y hay una espera en la resolución «de siete u ocho meses, de media».
«Usted sabe perfectamente que el sistema de Renta Garantizada a día de hoy tiene un proceso medio de resolución de uno o dos meses. Entonces, ¿por qué usted no asume que los extremeños y extremeñas que peor lo están pasando, que pueden verse beneficiados por un sistema perfectamente engrasado, no va a solicitarlo?. ¿Por qué lo tiene que valorar?», se ha preguntado.
Asimismo, González Frutos ha considerado «lógico» que, al igual que la Junta se ha preocupado «con tanta premura por los que más dinero tienen» al llevar a cabo una reforma fiscal, solicite la gestión del Ingreso Mínimo Vital para ayudar a quien «peor lo están pasando».
«Le vamos a pedir y le vamos a insistir desde hoy hasta que lo acepten, que lo lógico y normal es que ustedes, en solidaridad con quien peor lo está pasando, asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital», ha asegurado.
EP
