La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha dado por concluida la fase de instrucción del caso relacionado con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, y ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial, que será la encargada de fijar la fecha del juicio.
La decisión, recogida en un auto fechado el 4 de noviembre, llega tras la recepción de los últimos escritos de las defensas. Según el documento judicial, al que ha tenido acceso EFE, las partes disponen ahora de un plazo de tres días para interponer un recurso de reposición contra esta resolución.
Los procesados y los delitos imputados
La magistrada Beatriz Biedma dictó en abril pasado un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras once personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Posteriormente, en mayo, ordenó la apertura del juicio oral, decisión que fue respaldada en septiembre por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Entre los procesados se encuentra el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, quien presidía la Diputación de Badajoz en el momento de los hechos investigados y que actualmente es candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 21 de diciembre.
Los argumentos del auto judicial
En su auto, la jueza sostiene que David Sánchez tenía “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, participando en la convocatoria y en la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”, resultando finalmente el principal beneficiario del mismo.
El texto añade que la creación de dicho puesto habría sido “a petición de personas del entorno” de David Sánchez que conocían su situación laboral, dado que en aquel momento carecía de empleo estable.
Asimismo, la magistrada señala que la creación de la plaza fue decidida por Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación, junto con la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, con el objetivo de que el cargo fuera ocupado por Sánchez.
Entre los procesados figura también Luis María Carrero, ex empleado del Ministerio de la Presidencia, quien, según la jueza, habría empleado su “amistad íntima” con David Sánchez para influir en la creación y posterior adjudicación de otro puesto en la Diputación, el de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
Petición de la acusación popular
La acusación popular solicita para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo una pena de tres años de prisión, al considerar que los hechos descritos constituyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
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