La Audiencia Provincial de Badajoz ha establecido que el juicio oral relativo al procedimiento sobre la contratación en la Diputación de Badajoz se celebrará entre los días 9 y 14 de febrero. En este proceso se encuentran acusados David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación; y otras nueve personas, elevando a once el número total de acusados.

El tribunal ha designado como ponente al magistrado Emilio Serrano Molera, quien ha intervenido en causas de relevancia en la provincia. Con este señalamiento, se abre la fase final de un procedimiento cuya instrucción ha tenido una duración aproximada de año y medio.

Cierre de instrucción y traslado a la Audiencia

El pasado martes, la jueza instructora Beatriz Biedma dio por concluida la fase de investigación y remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial. La instructora ya había acordado en abril el procesamiento de once personas por considerar que existían “indicios suficientes” de presunta conducta delictiva. Esa resolución fue posteriormente confirmada por la Audiencia en septiembre.

La instructora sostiene en su auto que la plaza de responsable de los conservatorios de la Diputación habría podido ser creada con un diseño previo que favoreciera la contratación de David Sánchez, y que modificaciones posteriores del puesto —incluyendo su transformación en la Oficina de Artes Escénicas— se habrían producido supuestamente por su influencia.
Asimismo, el auto estima “inverosímil” que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, no conociera esos supuestos fines. No obstante, estas conclusiones son provisionales y deberán ser corroboradas o descartadas en juicio.

Acusaciones populares y penas solicitadas

Tanto Sánchez como Gallardo se enfrentan a acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias, formuladas por diversas acusaciones populares, entre ellas:
Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el Partido Popular.
Estas partes solicitan tres años de prisión para cada uno de ellos.

El origen del procedimiento se remonta a una denuncia de Manos Limpias, acompañada de recortes de prensa. En fases posteriores del proceso se sumaron varias organizaciones y partidos políticos como acusaciones populares.

La posición de las defensas

Las defensas, en sus escritos de conclusiones provisionales, rechazan de manera tajante las hipótesis de la instrucción:

Defensa de David Sánchez

El abogado del músico, Emilio Cortés, ha solicitado su libre absolución, argumentando que no existe delito alguno y que la instrucción no ha acreditado “ni siquiera indiciariamente” una conducta que pueda considerarse tráfico de influencias ni irregularidad administrativa.
Asimismo, la defensa solicita excluir del juicio determinados correos electrónicos intervenidos por la UCO al considerar que la autorización judicial vulneró derechos fundamentales.

Defensa de Miguel Ángel Gallardo

El secretario regional del PSOE, que para la fecha del juicio habrá revalidado previsiblemente su acta como diputado autonómico (y será aforado al haber sido designado candidato en los comicios del 21 de diciembre), también pide su absolución.
Su defensa sostiene que no conocía a David Sánchez cuando este fue contratado, que Pedro Sánchez no tenía entonces responsabilidades orgánicas en el partido y que, en aquellas primarias, Gallardo apoyó a un candidato distinto a él.

La postura del Ministerio Fiscal

La Fiscalía de Badajoz ha cuestionado el auto de procesamiento, al que atribuye conclusiones basadas en “conjeturas”. En un recurso presentado ante la Audiencia, el Ministerio Público sostiene que no existen “auténticos indicios de criminalidad” y que los elementos invocados por la instructora no tienen el “respaldo fáctico mínimo” para afirmar que la plaza se creó ad hoc para beneficiar al músico.

La Fiscalía defiende que las irregularidades sugeridas por la instructora no reúnen, ni siquiera de manera provisional, el fundamento necesario para sostener un delito de prevaricación o tráfico de influencias, tesis que será debatida durante la vista oral.

Desarrollo previsto del juicio

El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz durante seis sesiones consecutivas. La vista incluirá:

  • la práctica de prueba documental,

  • declaraciones de los acusados,

  • testimonios de funcionarios y responsables institucionales,

  • informes periciales,

  • y las conclusiones definitivas de todas las partes.

El tribunal deberá valorar el conjunto de la evidencia y emitir sentencia conforme a derecho.
Durante todo el procedimiento, los acusados mantienen íntegramente su presunción de inocencia, principio que rige en todo proceso penal.

Agencias