El registro de comisión lo realizó el Grupo Parlamentario Popular.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad este jueves la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la situación del proyecto de regadío de Tierra de Barros.
La solicitud de creación de esta comisión ha sido defendida este jueves en el pleno por el diputado del PP Bibiano Serrano y a la misma se han sumado el resto de grupos –PSOE, Vox y Unidas por Extremadura–.
En su intervención, Serrano ha realizado un repaso pormenorizado de las vicisitudes por la que ha atravesado este proyecto, del que ha dicho que su historia es «verdaderamente lamentable» tras caer en manos de un gobierno socialista durante dos legislaturas.
De este modo, ha señalado que es una «verdad a medias» que el regadío en Tierra de Barros fuera una idea del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya que éste «solo lo menciona».
Así, en su opinión, este proyecto «nace de verdad» en el Congreso de los Diputados en abril del año 2002, cuando se aprueba el Plan Nacional de Regadíos que incluía 4.000 hectáreas para el regadío de Tierra de Barros ampliable a 16.000 hectáreas.
Tras ello, ha indicado que fue en 2012, cuando era presidente de la Junta José Antonio Monago, el momento en el que se anunció la creación de un regadío en esta zona con la concesión de 43 hectómetros cúbicos de agua de los embalses de Villalba y Alange. Además, ha recordado, se destinaron 80 millones en concepto de deuda histórica a dicho proyecto.
Tras ello, el PP abandonó el gobierno de la Junta en 2015 pero dejó la financiación y el anteproyecto del regadío, ha dicho, aunque no fue hasta 2018 cuando se aprueba el plan general de transformación del regadío y la ampliación de la zona regable.
«Todo lo que consiguen desde 2018 hasta 2020 es que Pedro Sánchez los engañe o se hacen los engañados, porque a quien verdaderamente engaña es a los 1.200 regantes», ha indicado, además de insistir en que la declaración del proyecto de interés general no llevó aparejado «un céntimo».
A esto, Serrano ha unido que en septiembre de 2021 la Junta ya sabía que no podía gastar los fondos y, a pesar de no tener la financiación, se prometió la licitación para finales de 2021 o principios de 2022.
