El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, también reclama la devolución de los salarios percibidos por Sánchez durante su etapa en la Diputación de Badajoz, así como la apertura de juicio oral contra otras diez personas, entre ellas el presidente de la misma.
La causa judicial que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un nuevo paso este miércoles tras la presentación del escrito de acusación popular. En el documento se solicita una pena de tres años de prisión para Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, en relación con su desempeño en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a 2016, cuando David Sánchez, entonces desempleado, fue contratado como “coordinador de actividades de los conservatorios” en la Diputación de Badajoz. Según la acusación, el puesto habría sido diseñado específicamente para él y, además, Sánchez no habría desempeñado sus funciones de manera efectiva, aunque sí habría percibido el salario correspondiente, que rondaba los 55.000 euros brutos anuales.
La acusación sostiene que Sánchez utilizó su influencia para obtener el puesto y medió, presuntamente, en el nombramiento de un exalto cargo de Moncloa, Luis Carrero, quien también figura entre los acusados. El procedimiento judicial incluye a otras diez personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura.
Además de la pena de prisión, la acusación popular -integrada por organizaciones como Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa- pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público, la devolución de los salarios obtenidos por Sánchez y Carrero, y la anulación de la convocatoria de empleo público por la que Sánchez accedió al puesto.
El escrito también solicita una multa de más de 32.000 euros y que los acusados devuelvan a la Diputación de Badajoz los salarios percibidos, más los intereses legales correspondientes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dictó el pasado 28 de abril auto de procesamiento contra los once investigados por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ahora, la jueza deberá decidir si abre juicio oral en base a las acusaciones presentadas.
El caso contra David Sánchez y otros altos cargos de la Diputación de Badajoz representa uno de los procedimientos judiciales más sensibles de la actualidad política, al afectar directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno. La petición de tres años de prisión y la devolución de los salarios percibidos por Sánchez subrayan la gravedad de las acusaciones y anticipan un proceso judicial de gran repercusión mediática y política, pendiente ahora de la decisión de la jueza sobre la apertura de juicio oral.
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