La formación Junts per Catalunya se perfila como la llave decisiva en el Congreso de los Diputados para determinar el futuro del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), tras la introducción de una enmienda del Partido Popular en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible que busca eliminar la referencia a la clausura progresiva de las plantas nucleares españolas.

La enmienda, que fue aprobada en la Cámara Alta con el respaldo del PP y la abstención de Vox, deberá ser ahora ratificada en el Congreso en las próximas semanas. La votación en la Cámara Baja podría redefinir la política energética del país en torno a la energía nuclear, un asunto que divide a los grupos parlamentarios y que ha reavivado el debate sobre la seguridad de suministro, la descarbonización y los compromisos medioambientales de España ante la Unión Europea.

Una modificación con impacto directo en el calendario nuclear

El texto propuesto por el Partido Popular elimina del articulado de la Ley de Movilidad Sostenible la referencia al calendario de cierre pactado en 2019 entre el Gobierno y las empresas propietarias de las centrales nucleares, que fijaba la desconexión progresiva de los reactores españoles entre 2027 y 2035.
En el caso de la central de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, la hoja de ruta vigente establece el cese de operaciones de la Unidad I en noviembre de 2027 y de la Unidad II en octubre de 2028.

El PP argumenta que mantener abierta la posibilidad de prolongar la vida útil de estas instalaciones es “una decisión estratégica para garantizar la soberanía energética de España, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico”, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios y las tensiones geopolíticas.

Desde la dirección del grupo popular, se sostiene además que la energía nuclear “no debe ser demonizada”, y que su mantenimiento “puede contribuir de manera significativa a reducir las emisiones de CO₂ mientras se consolidan las fuentes renovables”.

Posturas enfrentadas en el arco parlamentario

El Gobierno y los partidos que integran la coalición progresista han expresado su rechazo frontal a la enmienda, advirtiendo que su aprobación supondría “romper un consenso alcanzado entre las administraciones y el sector eléctrico” y “poner en riesgo los compromisos climáticos asumidos por España en el marco del Pacto Verde Europeo”.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se recuerda que el plan de cierre nuclear “forma parte de la Estrategia Nacional Integrada de Energía y Clima” y que revertirlo implicaría “una alteración profunda del modelo energético previsto hasta 2030”.

Por su parte, organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF han alertado de los riesgos de “prolongar la actividad de instalaciones envejecidas” y han pedido mantener el calendario establecido.

Junts, árbitro de una decisión clave

En este contexto, Junts per Catalunya no ha adelantado todavía el sentido de su voto, aunque fuentes del grupo parlamentario admiten que analizarán “con detenimiento” las implicaciones de la enmienda antes de fijar posición. La formación independentista, que en ocasiones ha condicionado votaciones clave de la legislatura, podría decantar la balanza en un asunto de gran repercusión económica, territorial y medioambiental.

La dirección del partido catalán ha señalado que su decisión se basará en “criterios de responsabilidad y de coherencia con la transición energética”, aunque no descarta introducir matices o condicionantes en la negociación con el Gobierno y el resto de grupos.

Repercusiones territoriales y económicas

El futuro de la central de Almaraz tiene una especial relevancia para la comarca del Campo Arañuelo y para toda la provincia de Cáceres, donde la planta constituye uno de los principales motores económicos y de empleo directo e indirecto. La eventual prolongación de su funcionamiento es vista con esperanza por algunos sectores locales, mientras que otros advierten del riesgo de prolongar la dependencia económica de una actividad en declive.

En paralelo, la Junta de Extremadura ha manifestado su disposición a participar en cualquier diálogo que garantice la seguridad y el futuro económico de la región, aunque mantiene su compromiso con una transición energética “ordenada y justa”.

Próximos pasos

La enmienda introducida por el PP será debatida en comisión antes de su elevación al Pleno del Congreso, donde el resultado dependerá del posicionamiento final de Junts y de la correlación de fuerzas entre el bloque gubernamental y la oposición. Si se aprueba, España podría reabrir el debate sobre la viabilidad de la energía nuclear como parte del mix energético nacional y sobre la necesidad de revisar los plazos de desmantelamiento de las centrales en funcionamiento.