EP – La Junta de Extremadura ha acordado con los tres sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación la aprobación de un decreto de indemnizaciones que recoge una subida del importe por kilometraje que perciben los empleados públicos que utilizan su vehículo particular para el ejercicio de sus funciones.

Esta subida, que se situará en 0,26 euros por kilómetros, estaba pendiente de actualizarse desde 2007, cuando se fijó en 0,22 euros, lo que representa una subida del 18 por ciento.

Los empleados públicos comenzarán a beneficiarse de esta actualización desde finales del próximo mes de mayo. En concreto, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto, que según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, se producirá previsiblemente a finales de mayo.

«Hay que esperar un poquito», ha señalado Manzano, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa de Negociación, para posteriormente subrayar que esta actualización llevaba pendiente desde hace 18 años.

«Desde el año 2007 los empleados públicos recibían las mismas cuantías en concepto de indemnizaciones», ha señalado, a pesar de que había un «compromiso de actualizarlo» en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero «para el Gobierno anterior esto no era una prioridad», ha remarcado.

Manzano ha abundado en que dicho decreto recogerá otras mejoras para los empleados públicos de la región, entre las que se ha referido a la financiación «al cien por cien» de la formación, o la retribución del kilometraje cuando tiene lugar dentro del mismo término municipal.

Por otro lado, ha destacado el impulso que se va a dar a esta Mesa General de Negociación, como órgano en el que están representados los empleados de los tres sectores, tanto la Administración General, como los de Sanidad y Educación.

Para ello se ha dotado con un reglamento de funcionamiento, una cuestión que «puede sorprender», pero es que lo primero que detectaron al llegar al gobierno de la Junta es que «no había una regulación concreta de la Mesa General, no se había aprobado un reglamento».

Con ello se proporciona seguridad jurídica a este «máximo órgano de representación de los empleados públicos», pero también se consigue que sea «mucho más ágil y mucho más flexible llegar a acuerdos» con entre las partes, ya que además se comenzará a funcionar mediante grupos de trabajo para avanzar en «todo ese camino que queremos recorrer» en materia de retribuciones, de empleo público o de derechos de los trabajadores, ha dicho.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

En este sentido, ha recriminado que el Gobierno central supedite la subida del 0,5% acordada con los sindicatos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual es «no tratar con justicia y con rigor a los empleados públicos».

Manzano ha recordado que Extremadura tiene los presupuestos prorrogados pero «desde el minuto uno» está «cumpliendo con todos estos compromisos», y eso a pesar de ser una comunidad que no cuenta con los presupuestos «que van a tener otras comunidades autónomas o con lo que se está negociando con otros territorios».

Con respecto a la equiparación salarial que reclaman los sindicatos, ha dicho que «ojalá tuviera la misma financiación y el mismo presupuesto» que Cataluña o País Vasco para llevarlo a cabo, ya que «el cupo separatista» va a suponer una «condonación de la deuda» de 17.000 millones de euros.

Además, respecto a la equiparación entre los sectores de la propia administración, ha indicado que esta mesa general de negociación representa «a todos», así como ha compartido que lo que «nadie tolera en su desempeño profesional son los agravios comparativos» y las «disparidades de tratamiento».

«En el ámbito jurídico lo peor que hay es una desigualdad y, si hay desigualdades, lo que hay que hacer es tender hacia esa corrección», ha reconocido, para añadir que este puede ser «un instrumento adecuado para atender a esa coordinación».

SINDICATOS SATISFECHOS

El presidente de CSIF, Benito Román, se ha mostrado muy satisfecho por haber conseguido esta reivindicación «histórica» para los empleados públicos de la comunidad, así como ha celebrado que se hayan establecido «bases y estructuras» para un nuevo acuerdo que mejore las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.

Se comenzará con la comisión de seguimiento del último acuerdo suscrito entre las organizaciones sindicales y el Gobierno regional en 2022, en el que se flexibilizó la jornada laboral a 35 horas, se desbloqueó la carrera y desarrollo profesional o los docentes pudieron bajar sus horas lectivas en secundaria a 18 horas.

De esta forma, en los grupos de trabajo se avanzará, ha remarcado, en cuestiones como el establecimiento de ofertas de empleo público que se «adecuen y se adapten a la realidad» de la administración pública, o que comiencen a recuperar «parte del poder adquisitivo que llevan perdido»; así como revisar las carreras profesionales de aquellos sectores que lo tienen, como son Sanidad y Administración General, a la vez que comenzar a negociar «cuanto antes» su implantación en Educación.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Mari Ángeles Rodríguez, ha abundado en la satisfacción por el acuerdo para la actualización de las indemnizaciones a los empleados públicos, que además del kilometraje afecta también a la manutención y alojamiento.

En cuanto a los grupos de trabajo para mejorar las condiciones laborales, ha apuntado a la necesidad de analizar las retribuciones de los empleados públicos extremeños, que están «a la cola de otras comunidades». Además, apuesta por «dar una vuelta» a la convocatoria de oposiciones, para evitar nuevamente que se alcancen «altas tasas de temporalidad».

Finalmente, el coordinador del área pública de CCOO de Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, ha celebrado que los acuerdos alcanzados en Madrid entre los sindicatos y el Gobierno se trasladen a la comunidad, en alusión a la actualización del kilometraje.

En cuanto a las mesas de trabajo, ha abogado por avanzar «de una vez por todas» en la reducción de la jornada laboral, así como la equiparación salarial de los complementos específicos del personal laboral y el personal funcionario.

«Estamos en la cola de España en las remuneraciones en ámbito autonómico», ha advertido, porque lo que ha remarcado que es «muy importante empezar a adecuar los salarios de Extremadura al resto de las comunidades».