La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha reiterado su firme compromiso con la mejora de las condiciones laborales en la administración pública, tras participar este jueves en la concentración de las trabajadoras ATE-Cuidadoras frente a la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida.

Durante su intervención, De Miguel denunció con contundencia que existen colectivos dentro de la administración que perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una situación que calificó de “inaceptable” y que refleja la grave precarización que sufren miles de trabajadoras y trabajadores públicos en Extremadura”.

“Hoy, mientras la quinta presidenta mejor pagada de todo el país ocupa su despacho, hay colectivos de la administración pública cuyas condiciones laborales son insoportables. Son personas que sostienen la inclusión educativa y social, y que sin embargo cobran una miseria, muchas veces sin contrato a tiempo completo durante todo el año. Esto no puede seguir ocurriendo”, señaló De Miguel.

La candidata de Unidas por Extremadura subrayó que su formación apoyará de manera firme las reivindicaciones de las ATE-Cuidadoras y otros colectivos afectados. Entre las principales demandas se encuentran mejoras salariales, estabilidad contractual y reconocimiento de la importancia de su trabajo, cuestiones que De Miguel calificó como “una deuda histórica con las trabajadoras de la administración pública”.

“Nos encontramos con una administración que precariza a quienes sostienen la educación inclusiva y el cuidado de la infancia, quienes se encargan de atender a los más vulnerables de nuestra sociedad, y lo hacen cobrando menos de lo que marca la ley para un trabajo digno. Esto es un problema de justicia social y de derechos laborales que no podemos ignorar”, afirmó.

En su discurso, De Miguel recordó que la precarización laboral afecta especialmente a los colectivos más invisibilizados y esenciales, que realizan un trabajo imprescindible para la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero que no reciben la compensación ni el reconocimiento que merecen. Por ello, su compromiso es priorizar a quienes más sufren estas condiciones, iniciando reformas que garanticen salarios dignos, contratos estables y condiciones laborales decentes en toda la administración pública.

Unidas por Extremadura reafirma así su compromiso con la justicia social, la igualdad y la dignidad laboral, denunciando la situación actual y reclamando medidas inmediatas para proteger a quienes sostienen los servicios públicos esenciales. “No puede haber inclusión educativa ni servicios sociales de calidad si quienes los prestan viven en la precariedad. Es hora de acabar con esta injusticia”, concluyó la candidata.