La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha defendido la necesidad de impulsar una política fiscal responsable, equilibrada y socialmente justa que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales en Extremadura, frente a modelos basados en rebajas fiscales generalizadas que, a su juicio, comprometen la cohesión social y territorial de la región.
Durante su intervención en Onda Cero Extremadura, De Miguel subrayó que “creo en la necesidad de impuestos, no confiscatorios, pero que permitan unos servicios esenciales de calidad”, una afirmación que enmarcó en el actual debate sobre la orientación de la política económica y fiscal del Gobierno autonómico.
La portavoz de Unidas por Extremadura recalcó que la fiscalidad es una herramienta clave de acción pública y un pilar fundamental del Estado social. En este sentido, recordó que la financiación adecuada de servicios como la sanidad pública, la educación, la atención a la dependencia, las políticas de igualdad o los servicios sociales depende directamente de la capacidad recaudatoria de la Administración. “Sin ingresos suficientes no hay derechos garantizados”, afirmó.
De Miguel destacó que Extremadura requiere especialmente de un sector público fuerte que actúe como elemento vertebrador del territorio y corrector de desigualdades, dadas las características demográficas y económicas de la comunidad. A su juicio, las políticas fiscales que reducen de manera significativa los recursos públicos “impactan de forma directa y negativa en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, especialmente en el medio rural”.
En este contexto, la dirigente de Unidas por Extremadura defendió un sistema impositivo progresivo, conforme al principio de capacidad económica, y reiteró que las políticas fiscales deben orientarse a que quienes más tienen contribuyan en mayor medida al sostenimiento de lo común. Asimismo, advirtió de que la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas “genera desigualdad, erosiona la autonomía financiera y pone en riesgo la suficiencia de los servicios públicos”.
Durante la entrevista, Irene de Miguel cuestionó las políticas de rebajas fiscales promovidas por el Ejecutivo regional, al considerar que “no responden a una planificación económica responsable ni a las necesidades reales de Extremadura”, y alertó de que estas decisiones “hipotecan la capacidad futura de inversión pública y limitan el margen de actuación de la Junta”.
La portavoz parlamentaria señaló además que una fiscalidad justa es una herramienta imprescindible para impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible, que apueste por la diversificación productiva, la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento del tejido empresarial local, siempre desde el respeto al interés general.
Finalmente, Irene de Miguel hizo un llamamiento a abordar el debate fiscal con rigor, transparencia y responsabilidad institucional, alejándolo de discursos simplistas y electoralistas. En su opinión, “explicar con claridad para qué sirven los impuestos y cómo se traducen en derechos y servicios es una obligación de las instituciones públicas”.
Unidas por Extremadura, concluyó, continuará defendiendo una política fiscal que sitúe en el centro el interés general, la justicia social y la garantía de derechos, como base para una Extremadura más cohesionada, equitativa y con mayores oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.
Si quieres, puedo endurecer aún más el tono político, introducir referencias explícitas al Gobierno del PP, o adaptarla a comunicado parlamentario oficial con membrete y entradilla institucional.
